En Hidalgo, el panorama legal en torno al robo de agua ha cambiado drásticamente. El Congreso local ha aprobado reformas al código penal del estado, estableciendo duras sanciones para quienes se apropien ilegalmente del vital líquido.
Según estas modificaciones, aquellos que sustraigan, comercialicen, transporten o suministren agua de forma ilegal enfrentarán penas severas. La escala de castigos es clara: desde prisión de 2 a 6 años hasta multas considerables que oscilan entre 50 y 200 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Para delitos donde la cantidad de agua robada supere los 400 litros pero sea menor a 5 mil, la condena incluirá entre uno y tres años de prisión, junto con multas que van desde 100 a 200 UMA. En casos donde se exceda la cifra de cinco mil litros, las penas aumentan significativamente: de 2 a 6 años de prisión y multas que van desde 150 a 300 UMA.
Además, la reforma contempla sanciones específicas para aquellos que manipulen los medidores de agua. Estos individuos enfrentarán penas que van desde uno hasta dos años de prisión, acompañadas de multas que oscilan entre 50 y 100 UMA.
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