Fernando Belaunzarán
Abusa del poder porque se sabe impune. Violar la ley no le trae consecuencias, pues la Fiscalía General está subordinada, los órganos autónomos carecen de dientes contra él y el Tribunal Electoral prefiere no incordiarlo y se limita a hacer llamados a misa. Resolver que bajen videos y publicaciones semanas después de su impacto resulta inocuo y risible. Además, si algo hemos atestiguado estos años es que la sanción de la opinión pública lo tiene sin cuidado.
El Presidente se desentiende de las más elementales formas y de manera grosera manipula instituciones y usa su tribuna en Palacio Nacional para acosar y difamar a quienes lo incomodan, sin reparar en sus límites legales. Así ha sucedido de manera recurrente con políticos, periodistas, académicos, activistas, empresarios, exfuncionarios e incluso tuiteros, y se acaba de constatar de nuevo con los arteros ataques a María Amparo Casar y Ceci Flores, los cuales llegaron a excesos inadmisibles.
Lo primero que salta a la vista es la desproporción. El hombre más poderoso del país arremete desde la sede del Ejecutivo contra dos ciudadanas, buscando dañar su reputación y prestigio. Lo de menos es que haya utilizado al director de Pemex y al jefe de Gobierno de la CDMX para exponer tan infames acusaciones, los golpes vienen desde la cumbre del poder político. Se trata de venganzas explícitas e inescrupulosas por la labor que desempeñan, una como investigadora y directora de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y la otra como activista y vocera de su colectivo de madres buscadoras.
No imagino nada más ruin que a un gobernante ventilando la trágica muerte del esposo para desatar vociferante linchamiento contra la viuda y sus hijos. No le interesa que el asunto se aclare y las instituciones de justicia decidan, desempolva veinte años después el asunto para hacer escarnio de quien revela y documenta la corrupción de su gobierno y su familia. De entrada, la flagrante violación a la presunción de inocencia condena el litigio al fracaso, y los documentos exhibidos en un micrositio del gobierno federal, exponiendo ilegalmente datos personales, no demuestran ningún delito por parte de Casar. Es material para alimentar las perversas conjeturas que, aunque carezcan de sustento, son difundidas por el aparato de propaganda del régimen, sirviéndose de la posverdad para engañar a la población, tal y como ya lo hizo con las empresas de Xóchitl Gálvez y las propiedades de Carlos Loret.
Este episodio de persecución visceral contra la académica se da unos días después de la presentación de su libro Los puntos sobre las íes, en el cual hace un riguroso recuento de los daños del presente gobierno que “mintió, robó y traicionó”, refutándose a sí mismo. En democracias funcionales, la revelación de errores, fallas y actos de corrupción sirven a la salud de la república, pues la crítica es consustancial a un régimen de libertades; pero el mandatario lo toma como afrenta personal, porque niega su egocéntrica narrativa y teme que su partido pague costos electorales.
