La iniciativa presentada en el Senado de la República por la que se modifican los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo y que fue aprobada por las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos Segunda, atentan contra el propósito constitucional de protección de los derechos de la sociedad y las personas.
Esta iniciativa vulnera la posibilidad de defensa de las y los mexicanos al acotar lesivamente la facultad del Poder Judicial para brindar la suspensión de un acto reclamado contra la autoridad con efectos generales.
Nuestro país ha sido reconocido internacionalmente por la vigencia y alcance del juicio de amparo. Esta reforma representa una involución jurídica perjudicial para la vigencia de derechos logrados y consolidados por una práctica y un ejercicio estricto y pulcro de las garantías del pueblo de México.
La Cámara Nacional de la Industria de Transformación, CANACINTRA, en sincronía con la aspiración colectiva de preservar y asegurar los derechos humanos fija una clara y decidida postura contra la reforma presentada, por ser opuesta al interés ciudadano y que generaría un clima de incertidumbre jurídica que desincentivaría la inversión y el crecimiento de las empresas en México. Para ello, hacemos un llamado al Congreso de la Unión a sostener un debate responsable donde se defienda el espíritu de los derechos fundamentales.
Las y los legisladores de todas las fracciones parlamentarias deben mostrar su responsabilidad frente al interés general en el Senado y también en la Cámara de Diputados, en caso de que sea aprobada por el Pleno del Senado como ha trascendido.
Una reforma a la legislación vigente en materia de amparo debe velar por la ampliación de derechos, no por su limitación, más aún tratándose de un mecanismo de protección contra abusos de autoridad.
En CANACINTRA nos pronunciamos en favor del respeto inalterable a las facultades jurisdiccionales de brindar y otorgar la suspensión provisional o definitiva con efectos generales en un juicio de amparo.
Ninguna propuesta que vaya en contra de la garantía de justicia y protección de los derechos consagrados en la Constitución debe prosperar.
CANACINTRA postula la necesidad de que el Poder Legislativo trabaje por crear a través de las leyes más espacios de libertad y justicia y no lo contrario como se advierte en la reforma planteada.