Por: Ricardo Homs
Partiendo del inequívoco reconocimiento de que es inaceptable la violación de la inmunidad diplomática de nuestra embajada en Ecuador, -pues este acto infringe los acuerdos de la Convención de Viena-, este conflicto amerita una profunda reflexión sobre la política exterior de la 4T, que sigue las instrucciones personales y precisas de nuestro presidente de la república.
Primeramente, recordar que este no es un incidente aislado. Nuestro presidente ha confrontado a la presidenta Dina Boluarte, de Perú, -e intervenido directamente en la vida democrática de ese país-, cuestionando agresivamente el proceder del Congreso peruano, que destituyó al presidente Pedro Castillo, -así como a las autoridades peruanas que lo encarcelaron-, después de que éste mandatario pretendiese dar un autogolpe de estado , el 07 de diciembre del 2022, disolviendo al Congreso, que lo acusaba de corrupción.
Además, nuestro presidente también está metido en una confrontación directa con el presidente de Argentina Javier Milei, a partir de que López Obrador deslegitimara su triunfo electoral. Podremos no estar de acuerdo con las políticas sociales y económicas de Milei, pero es su atribución plantearlas a partir de haber ganado la elección prometiendo al electorado lo que hoy promueve como titular del Poder Ejecutivo.
Respecto a Ecuador, López Obrador intervino en las elecciones apoyando a la candidata Luisa González, del partido Revolución Ciudadana, -al que pertenece su amigo, el expresidente Rafael Correa-, hoy exiliado en Bélgica para evadir una condena de prisión de ocho años, por corrupción.
Los argumentos del gobierno de Ecuador, en boca de su canciller Gabriela Sommerfeld, -respecto al caso Jorge Glas-, se resumen en que la pretensión de México de dar asilo político a Glas no corresponde a las circuunstancias de un perseguido político, sino a un exfuncionario sentenciado por corrupción que se escondió en la embajada de México para no ser detenido y evadir su condena. Por tanto, lo que realizó nuestra embajada en Quito por instrucciones del presidente López Obrador fue “obstrucción de la justicia” de otro país libre y soberano, para proteger a un “funcionario amigo”.
En un video donde se describe una conferencia de prensa, la canciller ecuatoriana explica todos los intentos realizados previamente por el gobierno de su país para explicar al gobierno mexicano la situación jurídica del expresidente acusado y juzgado por corrupción, y la cerrazón de este gobierno de la 4T para negociar.
Para nosotros como mexicanos es importante definir el perfil de los asilados políticos que deben recibir la protección del Estado Mexicano.
México se ha destacado por dar asilo a ciudadanos extranjeros en riesgo en su país, en función de sus ideas políticas e ideológicas, como sucedió con muchos chilenos después del golpe de estado perpetrado el 11 de septiembre de 1973 por el general Augusto Pinochet. Sabiéndose de la represión brutal que hubo en contra de los seguidores del presidente Salvador Allende, -que fueron torturados y asesinados en los cuarteles militares-, fue que nuestro país ofreció asilo.
De la misma forma se actuó con ciudadanos argentinos en riesgo a partir del golpe militar perpetrado también el 24 de marzo de 1976 en contra de la presidenta María Estela Martínez de Perón por un grupo de militares que impuso como presidente al general Jorge Rafael Videla.
Antes México ya había dado asilo a los ciudadanos brasileños cercanos al presidente Joao Goulart, derrocado el primero de abril de 1964 por las fuerzas armadas. De gran significación fue el asilo que se dio a miles de familias españolas durante la guerra civil iniciada por el general Francisco Franco en 1936.
Sin embargo, el asilo político lo determina el riesgo que se deriva de cuestiones ideológicas y persecuciones políticas. Muy diferente es el funcionario perseguido y juzgado por corrupción y delitos del “fuero federal”, como es el caso de los asilados por este gobierno de la 4T.
En un excelente reportaje de investigación publicado por el periódico El Sol de México, -a partir de datos obtenidos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, titulado “Acoge la 4T a 80 prófugos políticos”-, da cuenta de que este gobierno ha dado asilo a funcionarios cercanos al expresidente de Ecuador Rafael Correa, -entre ellos a Jorge Glas-, apresado en la Embajada de México en Quito, así como a los colaboradores de Evo Morales, expresidente de Bolivia y a los damnificados del gobierno del presidente Pedro Castillo de Perú.
El caso de Jorge Glas es significativo, pues el presidente López Obrador al dar asilo obstaculizó un procedimiento judicial del gobierno ecuatoriano que en diciembre del 2017 lo sentenció a ocho años de prisión por haber participado de los sobornos recibidos de parte de la constructora brasileña Odebrecht, por un monto de 35 millones de dólares, para favorecer el otorgamiento de contratos.
Sin embargo, después de cuatro años obtuvo su libertad condicional, pero al ser citado a comparecer por otra acusación, decidió evadirse de la justicia de su país y se refugió en la embajada mexicana, y pidió asilo político.
Este es el momento como ciudadanos pedir cuentas a este gobierno de la 4T respecto al abuso en las relaciones internacionales.
Ahora el riesgo es que “como anillo al dedo” este conflicto con Ecuador ayude al presidente a generar un movimiento patriotero, -muy emocional-, que le permita liderar en época electoral un fenómeno de cohesión bajo el argumento heroico.
La exigencia del gobierno de México para que Ecuador sea expulsado de la ONU muestra el interés de prolongar el conflicto.
De entrada, el presidente López Obrador ya empezó a recibir el apoyo de muchos países que con toda razón reprueban el proceder ilegal del gobierno ecuatoriano.
El gobierno ecuatoriano debiese haber optado por otras acciones para obligar al gobierno obradorista a respetar su derecho a ejercer acciones jurídicas, sin tener interferencia mexicana, antes que invadir la embajada.
No debemos olvidar que el candidato Villavicencio, -asesinado durante la pasada campaña electoral de Ecuador-, reprochó en un video, -que hoy circula en redes sociales-, al presidente López Obrador su actitud intervencionista.
Ni qué decir de los reclamos del presidente López Obrador hacia el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, entre otros muchos sucesos que han caracterizado a nuestra política exterior durante estos últimos años.
México ha sido un país respetado en todo el mundo por su actitud equilibrada y humanista frente a los grandes acontecimientos de la historia y ha ejercido un importante liderazgo de opinión.
Sin embargo, México hoy significa conflicto. Es importante rescatar la esencia de la diplomacia mexicana.
SEGURIDAD A MEDIAS
Los candidatos que son protegidos por la Guardia Nacional han dado la voz de alarma respecto a que por la noche son abandonados por sus protectores, quienes a falta de viáticos para pernoctar cerca de los candidatos a quienes deben cuidar, acostumbran a regresar a sus cuarteles para descansar, dejándolos desprotegidos y en posición vulnerable.
Es evidente que quienes pretendan atacar a un candidato descubrirán pronto estos horarios donde sus víctimas están desprotegidas.
FONDO DE PENSIONESPARA EL BIENESTAR
La falta de claridad respecto al origen de los recursos con que se pagarán las pensiones que garantizan una jubilación digna para los asalariados mexicanos, -iniciativa propuesta por la bancada de MORENA en la Cámara de Diputados-, pone en evidencia que todo está construido sobre la base de suposiciones y buenas intenciones.
Después de escuchar entrevistas realizadas a expertos en el ámbito de las finanzas públicas, queda claro que esta iniciativa de reforma liderada por el diputado Ignacio Mier y por la diputada Angélica Cisneros Luján plantea números que no tienen sustento, -no sólo en el largo plazo-, sino tampoco en el mediano.
Un proyecto de este tipo debe tener el respaldo de un estudio de viabilidad, cuyo resultado asegure que esté garantizada la sustentabilidad financiera que permita cumplir con sus compromisos a largo plazo. Sin embargo, MORENA tiene prisa por aprobarlo.
Queda evidente que esta iniciativa lleva una motivación electoral.
Total… si no se cumplen estos compromisos, en “México no pasa nada” más allá de unos cuantos “memes”.
LA ESPERANZA
El tramo de la Esperanza, Estado de Puebla, -que es parte de la autopista que conecta a la Ciudad de Puebla con Orizaba, Veracruz-, desde hace varios años se ha considerado muy peligroso pues cuando baja la neblina una gavilla de delincuentes cierran esa vialidad para asaltar por igual a transportistas que a automovilistas.
Sin embargo, el miércoles 03 de abril pasado fue asaltado el vehículo en que viajaba el obispo de Orizaba, Eduardo Cervantes, y dos sacerdotes más, junto con otros automóviles y tractocamiones.
Desde hace muchos años es conocido el modus operandi de estos delincuentes y sin embargo las autoridades no han hecho ningún operativo para detenerlos aun sabiéndose que son moradores de esa zona. ¿Habrá contubernio entre autoridades y delincuentes?
¿A usted qué le parece?
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