La seguridad se ha convertido en el eje central de la discusión política, es crucial abordar el estado de negación en que se encuentra el liderazgo nacional respecto a la crisis de inseguridad que azota al país. A medida que nos acercamos al final de la gestión actual y nos sumergimos en el fervor electoral, se hace evidente la estrategia del gobierno de pintar un panorama menos sombrío de lo que en realidad prevalece en las calles. La narrativa oficial promueve la idea de una reducción en la incidencia delictiva y los homicidios dolosos, una perspectiva que, aunque atractiva, dista mucho de la realidad objetiva y tangible.
Curiosamente, esta versión edulcorada de la seguridad nacional ha encontrado eco en sectores de la población, quienes, influenciados por la propaganda oficial, han adoptado la creencia de que la situación no solo no es tan grave como se presenta, sino que, contra todo pronóstico, ha mejorado. Este fenómeno refleja el poder de la percepción pública, moldeada en gran medida por las campañas gubernamentales, más que por informes objetivos y análisis independientes de la realidad en materia de seguridad.
Es importante destacar que la violencia, siendo una manifestación palpable del conflicto social, se manifiesta no solo en enfrentamientos entre las fuerzas del orden y grupos criminales, sino también en las luchas internas entre facciones delictivas por el control territorial. Lo que frecuentemente queda fuera del discurso oficial es la disminución de la violencia no como resultado de políticas efectivas de seguridad, sino como consecuencia de la consolidación hegemónica de un grupo sobre un territorio, dando lugar a una “paz” engañosa que se sostiene no por la justicia o el orden, sino por la ausencia de competencia.
En este escenario, las campañas electorales emergen como plataformas críticas para debatir el futuro de la política de seguridad en el país.
La elección entre continuidad o cambio en la política de seguridad representa un dilema fundamental para los electores, cuya resolución es crucial para el futuro inmediato del país. Es lamentable que la negación domine el discurso público, especialmente ante la evidente degradación de la seguridad, un problema sin precedentes que no ha encontrado solución en las estrategias actuales, las cuales intentan atacar las raíces del crimen sin abordar efectivamente sus causas profundas, como la impunidad y la desconfianza en el sistema de justicia.
