Agentes de la división de investigaciones de alta complejidad de la Policía de Perú llevaron a cabo un allanamiento en la residencia de la presidenta Dina Boluarte, en el marco de una investigación preliminar dirigida por la fiscalía. El operativo, que contó con la autorización del juez Juan Checkley de la Corte Suprema, tuvo como objetivo la incautación de tres relojes de lujo de la marca Rolex, piezas centrales en las indagaciones por presunto enriquecimiento ilícito y la omisión de declarar bienes en agravio del Estado.
La intervención policial, transmitida en vivo por televisoras locales al borde de la medianoche, evidenció la determinación de las autoridades por esclarecer la procedencia de los lujosos accesorios que han sido vistos adornando la muñeca de Boluarte en diversas actividades públicas.
El Fiscal General, Juan Villena, ha manifestado que la actitud de la presidenta Boluarte sugiere una “rebeldía clara”, en respuesta a intentos de postergar su comparecencia ante la fiscalía. La defensa de Boluarte buscaba una dilación de dos semanas argumentando una “recargada agenda”, lo que ha sido interpretado por Villena como una maniobra para retardar las investigaciones.
Desde que se desataron las especulaciones sobre el origen de los relojes Rolex, valorados en hasta 14.000 dólares cada uno en el mercado peruano, Boluarte ha enfrentado un creciente escrutinio público. Sus intentos iniciales por desviar la atención, alegando que uno de los relojes era “de antaño” y resultado de su “esfuerzo”, no han logrado disipar las dudas sobre su integridad financiera y su cumplimiento de las obligaciones de transparencia requeridas a los funcionarios públicos.
La presidenta, quien ascendió al poder tras la destitución de Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, ha visto cómo su popularidad se desplomaba a mínimos históricos, con encuestas de Ipsos Perú revelando apenas un 8% de aprobación en febrero. La investigación sobre los relojes de lujo se suma a otros casos pendientes con la justicia, incluyendo acusaciones formales por homicidio calificado y lesiones graves vinculadas a los enfrentamientos mortales entre manifestantes y fuerzas de seguridad durante las protestas que exigían su renuncia.
