Nuestra Carta Magna reconoce en su artículo 17, párrafo segundo, que todas las personas tienen derecho a que se le administre justicia por tribunales que deberán ser expeditos para impartirla, en los plazos y términos que fijen las leyes. Sus resoluciones habrán de ser expedidas de manera pronta, completa e imparcial.
Aunado a lo anterior, el artículo 100, párrafo octavo, instituye un servicio de defensoría pública en asuntos del fuero federal, a fin de que, al margen de la condición social, económica, educativa, género, étnica o cualquier otra, toda persona tenga la posibilidad de ser representada de manera legal por abogadas y abogados que presten sus servicios de manera gratuita. Este modelo tiene que ser replicado en las entidades federativas.
La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2021, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, señala que en los centros penitenciarios federales y de las entidades federativas, existe una población privada de la libertad de más de 220 mil personas; de las cuales 94.3% son hombres y 5.7% son mujeres.
De ellos, 79.6% de esa población señaló tener dependientes económicos la semana previa a su detención; y aunado a ello, 64.5% mencionó haber sufrido algún acto de violencia, realizado o permitido por la policía o autoridad después de la detención hasta antes de llegar al Ministerio Público. Entre otros actos, 39.2% manifestó haber sido víctima de cargos falsos.
Llegando al Ministerio Público, 18.2% de la población privada de la libertad que rindió o firmó su declaración, señaló que se declaró culpable porque recibió presiones o amenazas.
Tratándose de la situación jurídica de las personas privadas de la libertad, 26.7% de la población de hombres no cuenta con sentencia dictada, mientras que en la población de mujeres fue del 46.1 por ciento.
En relación con la población sentenciada, sólo 23.5% de la población obtuvo su sentencia en seis meses o menos; mientras que 23.9% de dicha población demoró más de dos años en obtener su sentencia.
Con esta realidad, si bien los esfuerzos de las instituciones de defensoría pública son loables y necesarios, la realidad se impone y las instituciones son rebasadas en su capacidad.
En un país, en donde —con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social de 2022— 36 de cada 100 personas declara haber tenido por lo menos una privación en sus derechos y tener un ingreso por persona insuficiente para adquirir una canasta alimentaria, así como bienes y servicios necesarios; se vislumbra difícil que quien así lo requiere, pueda acceder a servicios legales adecuados.
Por lo anterior, el Poder Judicial de la Ciudad de México, Fundación Telmex, la Fundación Reintegra y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, signaron un convenio de colaboración, que entre otros objetivos, procurará tramitar y lograr el otorgamiento gratuito de fianzas a personas primodelincuentes de bajos recursos económicos, que se encuentran privadas de su libertad en los centros penitenciarios de la Ciudad de México y que tengan derecho a los beneficios que la ley establece.
Con ello, dichas instituciones refrendan su compromiso de beneficiar a la sociedad, y en particular, procurar la reconstrucción de nuestro tejido social, pues detrás de cada beneficiario de este programa están las esperanzas en una familia, institución básica de nuestra nación.
Como Corolario las palabras del doctor Sergio García Ramírez: “A menudo olvidamos que la justicia requiere otro género de afanes: el trabajo de Hércules que reforme, revolucione, transforme la realidad estricta”.
