La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) impulsará a partir de este lunes la campaña ‘Voces que reclaman justicia’ para recordar a periodistas asesinados en Latinoamérica, comenzando por el columnista colombiano Gerardo Bedoya Borrero, y hacer un llamado contra la impunidad.
La SIP informó en un comunicado que publicará todos los meses un texto sobre un caso emblemático documentado por la organización, en reclamo de justicia y en homenaje al periodista en cuestión.
Andrea Mirada, presidenta de la Subcomisión de Impunidad de la SIP, propuso a los medios asociados a la SIP que dediquen un espacio mensual para recordar y mantener viva la memoria de colegas que perdieron sus vidas en el ejercicio de su labor y cuyos casos permanecen sin resolver.
Para adherir a la campaña, pueden replicar el comunicado, escribir un artículo, un reportaje especial, un editorial o dedicar un segmento en sus programas de radio o televisión, entre otros formatos, agregó Miranda.
“En un contexto donde la libertad de prensa enfrenta desafíos crecientes en la región, reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con la defensa de la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada”, explicó Miranda.
La campaña se inicia con el recordatorio del caso del periodista y columnista colombiano Gerardo Bedoya Borrero, del diario El País, de Cali.
El columnista, asesinado en marzo de 1997, era reconocido por denunciar y criticar las conexiones entre fuerzas militares, dirigentes políticos y narcotraficantes, según los registros de la SIP.
“En una investigación encargada por la SIP en 1999, la periodista Ana Arana destacó que Bedoya castigaba duramente en sus columnas a los cabecillas de la droga. El artículo que le costó la vida fue el editorial titulado ‘Aunque me llamen proyanqui’, publicado en 1997, tres semanas antes de su muerte”, según la investigación de la SIP.
Un sicario le disparó cinco veces a Bedoya en Cali cuando se dirigía a su vehículo.
La investigación oficial inicial estuvo “plagada de verdades a medias y demoras provocadas por rumores”, en las que se intentó desvincular el asesinato de su labor profesional, adjudicando el móvil a un presunto crimen pasional, según la investigación de la SIP.
Las insinuaciones afectaron “en forma directa la investigación del Gobierno, retrasando los procedimientos y sumiendo el caso en una impunidad total”, subrayó la SIP.
En octubre de 1997, Bedoya fue galardonado de forma póstuma con el premio de periodismo Maria Moors Cabot, otorgado por la Universidad de Columbia, en Nueva York, galardón que distingue la excelencia en el periodismo latinoamericano.
En 1999 la SIP sometió el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En 2019, en un acto público, el Estado de Colombia reconoció su responsabilidad internacional por la falta de investigación del homicidio, como parte de un conjunto de medidas que forman parte del Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) firmado en el marco del caso tramitado ante la CIDH.
El reconocimiento representó el inicio en la búsqueda de la verdad para la familia. El 2 de marzo de 2017 Colombia declaró el asesinato de Bedoya crimen de lesa humanidad, lo que implica la imprescriptibilidad del caso, pero no garantiza justicia.
Hasta abril de 2020, el trámite de la investigación permaneció en la etapa de recolección de pruebas por más de una década, sin que se haya detenido a ningún sospechoso.
Tanto la SIP como la familia han señalado que debido a las demoras se perdieron las pistas clave, lo que ha entorpecido una investigación justa y completa.
“Fuiste una persona letrada, hacías valer la verdad y por ello te eliminaron. A 27 años de tu partida y con tu crimen impune, seguirás en nuestros corazones”, escribieron familiares de Bedoya en un mensaje dirigido a la SIP.
“Gerardo Bedoya Borrero no será olvidado; su legado nos impulsa a seguir adelante en nuestra búsqueda incansable de verdad y justicia para todos los periodistas víctimas de violencia letal”, afirmó Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP.
La SIP mantiene su compromiso de seguir instando al Estado de Colombia a cumplir “con su obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los hechos, con el fin de establecer los reales móviles que rodearon el homicidio del periodista”, tal como establece el acuerdo alcanzado en agosto de 2019.
