La violencia política en México ha cobrado un alto precio en el primer bimestre del año, con un preocupante saldo de 10 candidatos asesinados y 36 homicidios relacionados con la actividad política. Estas cifras, reveladas por la organización civil Data Cívica, ponen de manifiesto una situación alarmante que pone en riesgo la integridad de quienes participan en el proceso electoral.
Aumento Alarmante de Asesinatos de Candidatos y Funcionarios Públicos
Durante el mes de febrero, al menos cinco candidatos o aspirantes a cargos de elección popular perdieron la vida de manera violenta. Entre ellos se encuentran representantes de diversos partidos políticos, como el PAN, Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), lo que refleja la magnitud y la diversidad de esta problemática.
Jaime Vera, Yair Martín Romero, Manuel Hernández, Miguel Ángel Zavala y Armando Pérez Luna son nombres que se suman a la lista de víctimas de la violencia política en México. Sus muertes representan un golpe duro para la democracia y la estabilidad del país.
Aumento de la Violencia Político-Criminal
El informe de Data Cívica también destaca que febrero registró un total de 58 eventos asociados con la violencia político-criminal, incluyendo amenazas, ataques armados, atentados y secuestros. Esta situación refleja un nivel preocupante de inseguridad que afecta tanto a candidatos como a funcionarios del área de seguridad.
Desde la segunda mitad de 2023 hasta el primer bimestre de 2024, se ha documentado un total de 21 asesinatos de candidatos, precandidatos y excandidatos, lo que subraya la gravedad de la situación.
Reto para la Democracia en México
Estos alarmantes datos representan un desafío para la democracia mexicana y para las autoridades encargadas de garantizar un proceso electoral seguro y transparente. La violencia política no solo atenta contra la vida de los candidatos, sino que también socava la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas.
Ante esta situación, es fundamental que se tomen medidas urgentes para proteger la integridad de quienes participan en el proceso electoral y para combatir la impunidad que rodea estos actos de violencia. Solo así se podrá garantizar un proceso electoral justo y equitativo en México.
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