Fortaleciendo el Federalismo
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha validado la decisión de que los congresos estatales tengan la última palabra en los procesos de desafuero de gobernadores por delitos federales. Esta determinación, que otorga autonomía a las entidades federativas, fue respaldada tras considerar que no se generarían “mantos de impunidad”.
Respaldando la Decisión de los Estados
La propuesta de validar esta autonomía surgió de la ministra Margarita Ríos Farjat, y fue apoyada por el máximo tribunal. Esta medida permitió al Congreso de Tamaulipas no homologar la declaración de procedencia del Congreso de la Unión, brindando protección al entonces gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Reflexión sobre el Federalismo
Durante el debate en el pleno de la SCJN, el ministro Juan Luis González Alcántara recordó casos anteriores de desafuero, como el del actual presidente Andrés Manuel López Obrador cuando era jefe de Gobierno del Distrito Federal. Se enfatizó en el impacto de estos procesos en el federalismo mexicano y en las libertades de los congresos estatales.
Condiciones y Contexto Legal
La ministra Ríos Farjat explicó que, en caso de investigaciones penales, el proceso puede continuar una vez que el funcionario concluya su encargo. Aseguró que las facultades de la entidad perseguidora federal no se ven afectadas por la decisión estatal, ya que las conductas punibles no prescriben y se puede proceder una vez que el funcionario deje su cargo.
Amplia Adopción en Diversos Estados
Tamaulipas no es el único estado que ha adoptado esta medida; Chiapas, Morelos, Nayarit y Sinaloa también siguen esta ruta. Otros estados como Michoacán, Tlaxcala y Yucatán han optado por reservarse el derecho de retirar o no el fuero a sus funcionarios, manteniendo así su autonomía en la materia.
Opiniones Contrarias y Debate
A pesar del respaldo mayoritario, algunas ministras como Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres expresaron su preocupación. Argumentaron que esta medida podría conducir a la impunidad y pasar por encima de las decisiones del Congreso de la Unión. Sin embargo, la decisión final ha reafirmado la autonomía de los estados en estos procesos.
