Por: Daniel Vergara.
En nuestro país, desde el punto de vista constitucional, se encomendó al ministerio público la valiosa tarea de la indagación de los delitos y el ejercicio de la acción penal ante los tribunales, debiendo ser llevada con argumentos legítimamente sostenibles.
En la actualidad irónicamente algunos representantes sociales se conducen como simples oradores sin observar la legalidad y la buena fe con la que deberían conducirse.
Recordemos añejas enseñanzas, ya que en el año de 1527 se fundó la Real Audiencia, en la nueva España y los fiscales seguían ciertas formalidades después de su nombramiento; prestaban el juramento propio de los procuradores en que quedaban contenidos los principios de las obligaciones que contraían y en el que prometían ante Dios y ante el Rey: “Desempeñar sus deberes con la mayor diligencia y esmero posibles…”.
Fiscal que no cumpliera con su juramento, recibía un castigo pecuniario consistente en la pérdida de la mitad de sus bienes y en la destitución de su cargo.
Conmemorando aquel juramento, se les exhorta a los ministerios públicos que forman parte de la fiscalía, no dejarse caer en la aberración de corromperse por viejas instrucciones y contemporáneas prácticas generalizadas entre los operadores del sistema penal, que son derivadas de la corrupción que imperó desde ayeres en las fiscalías de todo el territorio mexicano, sin ser novedad que el ministerio público a través de diversas dádivas, indebidamente apoye a los indiciados para otorgarles su libertad con lo cual la justicia se prostituye desde el inicio de la investigación, las costumbres desleales deben acabar, porque “lealtad” frase que tanto argumentan en audiencias, simboliza que su actuar durante las etapas del procedimiento en las que interviene han de ser con absoluto apego con lo previsto en la Constitución y no al capricho de algunos servidores públicos de tan deshonrosa institución, que incluso imputan delitos inexistentes en contra de investigados para agravar más su situación.
Como caso concreto, el del titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México; José Luis Cervantes Martínez, que al realizar la representación social que él encabeza, una imputación falaz, por los delitos de homicidio en grado de tentativa, usurpación de funciones, delitos contra la salud y portación de arma prohibía, en contra de un ciudadano de nombre Julio Cesar “N”, lo cual en la audiencia inicial, la ya tan desacreditada Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con argumentos poco sostenibles, pretendió de primer inicio sostener que se había tratado de un supuesto atentado en contra del Fiscal José Luis Cervantes Martínez, siendo nada razonables sus manifestaciones para solicitar la investigación judicializada, pero para no variar una vez más, el Poder Judicial del Estado de México, esta vez encabezado por el tan polémico Juez Arcadio Reyes Rojas, le volvió a subsanar las deficiencias y poco conocimiento a los fiscales al resolver la vinculación a proceso por los referidos delitos, con ello nos deja observar inmediatamente más el poder punitivo del estado por medio de sus instituciones, concluyendo con la reflexión o el mensaje que si esto le sucedió a un simple gobernado, por un mero altercado vial, que se puede esperar para el resto de la ciudadanía , cuando uno es llevado a juicio, con denuncias deficientes, falsas y plagadas de mentiras por todo el personal de la fiscalía que intervienen en la supuesta averiguación, creando una fábrica de culpables, siendo absurdo un debate justo, contra todo el poderío del estado y la corrupción que este sustenta.
“Si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre, acabaras formado parte de ella”.
Joan Báez.
Abogado Penalista, Especialista en Derechos Humanos.
@DanielV13802115
