Una polémica iniciativa de ley avanza en el Legislativo de Arizona que le permitiría a los rancheros que tienen sus tierras en la frontera con México matar migrantes que crucen sus propiedades sin enfrentar cargos criminales.
El proyecto de ley (HB-2842), impulsado por republicanos, planea ampliar de esta forma una ley conocida en el estado como la ‘Doctrina del castillo‘, que permite a una persona usar fuerza letal en contra de aquel o aquellos que traspasan o entran a sus casas para causar daño.
El legislador estatal republicano Justin Heap dijo ante la legislatura estatal que su propuesta ampliaría esta ley terminando con lo que él considera tecnicismos.
El legislador explicó que estos cambios son necesarios debido al incremento del cruce de migrantes indocumentados a través de ranchos en la frontera, lo que en su opinión deja vulnerables a los rancheros.
Actualmente la ley solo protege a una persona si usa fuerza letal dentro de su hogar o lugar de residencia, pero al cambiar la palabra “hogar” por “propiedad” permite a los rancheros una mayor cobertura de la ley.
De esta forma se incluirían los terrenos de los rancheros aunque estén lejos de su hogar.
Esta propuesta fue presentada justo cuando se espera que en las próximas semanas comience en Arizona un juicio en contra del ranchero George Allan Kelly, de 73 años.
El ranchero enfrenta cargos de asesinato en segundo grado por haber matado a tiros en 2023 al mexicano Gabriel Cuén Buitimea, que cruzaba por sus terrenos cerca de la población fronteriza de Nogales.
En caso de ser aprobada, esta legislación libraría de cualquier acusación a rancheros que disparen contra migrantes que se encuentren dentro de sus terrenos y sientan que representan un peligro para ellos o sus familias.
Legisladores demócratas han criticado esta medida asegurando que solo busca legalizar el uso de la discriminación racial y que pondría en peligro la vida de muchas personas.
Rancheros en Arizona han levantado la voz asegurando que sus tierras constantemente son utilizados como “rutas” de tráfico humano y de drogas hacia Estados Unidos.
La propuesta ya fue aprobada por la Cámara Baja y ahora pasa al Senado estatal.
