El expresidente argentino Alberto Fernández se encuentra en el centro de una investigación judicial debido a un escándalo de contratación de seguros por parte de organismos públicos durante su mandato. El fiscal Ramírez González lo ha imputado por presunta violación de deberes de funcionario público y malversación de fondos.
Denuncia solicita investigación a Fernández
La denuncia presentada solicita una investigación sobre Fernández, quien gobernó desde 2019 hasta 2023, por las presuntas irregularidades relacionadas con un decreto que firmó a finales de 2021. Este decreto obligaba a todos los organismos públicos a contratar seguros exclusivamente con Nación Seguros, una empresa del Estado perteneciente al Banco Nación. Los querellantes acusan al exmandatario de favorecer a amigos, quienes actuaron como intermediarios a cambio de comisiones millonarias.
A pesar de que los seguros podrían haberse contratado directamente, los organismos públicos utilizaron a Héctor Martínez Sosa. Quien es amigo del expresidente y esposo de su secretaria, María Cantero, como intermediario. Martínez Sosa también figura como acreedor de Fernández en sus declaraciones juradas. Otro de los imputados en el caso es Alberto Pagliano, ex titular de Nación Seguros. La investigación apunta a un presunto fraude de 20.000 millones de pesos, aproximadamente 20 millones de dólares.
Sospechas hacia su secretaria
Inicialmente, Fernández trató de desviar las sospechas hacia su secretaria, afirmando que él no había solicitado nada y que si ella lo hizo, fue más allá de sus atribuciones. Sin embargo, tras su imputación, Fernández se defendió de manera contundente, negando haber participado en actos de corrupción.
Martínez Sosa y otros proveedores de seguros fueron registrados como visitantes en la quinta presidencial de Olivos en 2020, incluso durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19. Fernández reconoce el vínculo pero niega que las visitas estuvieran relacionadas con negocios.
Acceso a todos los convenios o contrataciones
El fiscal González ha solicitado acceso a todos los convenios o contrataciones realizados por las distintas reparticiones del Estado que suscribieron contratos de seguro bajo los términos del decreto presidencial. Además, ha pedido a la Superintendencia de Seguros que revele el porcentaje de mercado para este tipo de operaciones.
La imputación se produce poco después de que el exmandatario regresara a Argentina tras pasar un tiempo en España con su familia, luego de entregar el cargo a Javier Milei el 10 de diciembre pasado.
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