Por: Raúl Contreras Bustamante
La democracia —entendida como la forma de gobierno que tiene como esencia fundamental la soberanía popular— no se entiende sin las elecciones libres. Esta concepción tiene larga data, pues por ejemplo, en el artículo 3º de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, se determinaba que: “El origen de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún órgano, ni ningún individuo pueden ejercer autoridad que no emane expresamente de ella”.
Nuestra Carta Magna define de una bella manera a la democracia: “No solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”.
Lo anterior viene a colación debido a que este año participarán en elecciones presidenciales o legislativas —o en ambas— 76 países que concentran alrededor de 4 mil 200 millones de personas, de un total de 8 mil 100 millones que habitan en el orbe. Es decir, se trata de más de la mitad de la población mundial.
La organización Open Society Foundations, en septiembre de 2023, tomó muestras representativas en 30 naciones, a fin de realizar el Barómetro de la Sociedad Abierta y concluyó que 86% de los encuestados dice querer vivir en la democracia; y sólo 20% cree que las naciones autoritarias pueden ofrecer lo que los ciudadanos quieren.
Por el contrario, el Informe Latinobarómetro 2023, advierte una recesión democrática que se expresa en el bajo apoyo que tiene la democracia; el aumento de la indiferencia ciudadana al tipo de régimen; la presencia y actitudes a favor del autoritarismo; el desplome en la valoración del desempeño de los gobiernos y la mala imagen de los partidos políticos.
Dentro de este contexto, en nuestro país dio inicio desde septiembre de 2023 el proceso electoral para celebrar comicios el 2 de junio de este año, que será la jornada electoral más grande que hemos tenido en la historia. Los casi 100 millones de ciudadanos de las 32 entidades federativas que integran la lista nominal, elegirán a casi 21 mil servidores públicos.
Con el inicio del proceso electoral también dio comienzo una lamentable escalada de violencia, pues se habla ya de una decena de personas víctimas de homicidio por razones o ligadas a vínculos electorales. Recordemos también que en el proceso electoral de 2021, se registraron 35 aspirantes a puestos de elección popular que fallecieron por causa de la violencia.
Es necesario advertir que la teoría constitucional llega a reconocer a los poderes fácticos, que son aquellos actores que tienen la capacidad de movilizar recursos de poder e incidir en la esfera política, sin pertenecer de manera formal a ella. Dentro de estos poderes, se identifica al crimen organizado.
El crimen organizado, como poder fáctico, tiene la posibilidad de operar en el financiamiento de candidaturas y como agente intimidante hacia candidaturas rivales o para desincentivar la participación ciudadana en las urnas. El miedo y la violencia no son elementos que fortalezcan la ciudadanía y tampoco la democracia.
El Estado mexicano, además de garantizar la organización de los procesos electorales equitativos y confiables, debe también garantizar la seguridad de quienes aspiran a ser la representación y voz de sus conciudadanos en los Poderes Ejecutivo, Legislativo o en cargos concejiles de nuestra República.
De otra manera, no podremos asegurar que vivimos jornadas políticas auténticamente democráticas, ni tampoco asegurar que los comicios serán mecanismos legítimos para que la soberanía popular se exprese y se elijan a los verdaderos representantes populares.
Como Corolario, las palabras de Octavio Paz: “Una nación sin elecciones libres es una nación sin voz, sin ojos y sin brazos”.
