Hay voces asegurando que ni el gobierno ni el instituto toman la responsabilidad
Si hoy fueran las elecciones, ¿usted acudiría a emitir su voto sintiendo un ambiente seguro? El camino al 2 de junio tiene riesgos múltiples y complejos: violencia política, intentos del crimen organizado por imponer candidatos, financiamiento mal habido de campañas, y el día de la elección, intimidaciones contra los votantes o violencia en las casillas.
No son escenarios lejanos. De acuerdo con la ONG DataCívica, desde diciembre hasta ahora se han registrado 10 asesinatos de aspirantes a candidaturas. Su informe “Votar entre balas” documenta 574 eventos violentos, el año pasado, en contra de funcionarios públicos y aspirantes a algún cargo de elección.
Preocupación más que relevante. El 2 de junio, 20 mil 186 cargos de elección popular estarán en las urnas y 98 millones de mexicanos elegiremos el rumbo del país para los próximos años.
¿Tiene garras el Instituto Nacional Electoral (INE) para enfrentar esta situación? Como institución, rechazó elaborar un mapa de riesgos y crear una mesa al respecto con los partidos políticos, dado que la seguridad no es parte de sus atribuciones legales.
Ese no es todo el problema. Hay 49 mil 748 supervisores y capacitadores recorriendo el país, incluso en las zonas más peligrosas, formando a un millón 530 mil 27 funcionarios de casilla necesarios para el día de las elecciones.
Además, a partir del 1 de marzo, miles de candidatos estarán en campaña, lo que revolverá mucho más el río.
Hay voces asegurando que ni el gobierno ni el INE toman la responsabilidad, lo que mantiene en vilo unas elecciones libres y democráticas.
Aún con los desacuerdos y encontronazos políticos conocidos, institucionalmente sí ha habido coordinación. En diciembre, el INE, las secretarías de Gobernación, Seguridad, Defensa y Marina, además de la Fiscalía General de la República, establecieron una Mesa de Seguridad Interinstitucional.
Desde entonces hay reuniones semanales en el nivel federal y establecieron 266 mesas regionales para el seguimiento de las tareas electorales en las 32 entidades.
Uno de los acuerdos de la mesa interinstitucional es establecer un protocolo específico para atender las solicitudes de candidatas, candidatos y partidos políticos, relacionadas con la seguridad en las entidades federativas. Bajo ese esquema, las autoridades brindarán seguridad y acompañamiento a los candidatos que lo soliciten, asignándolos con base en zonas de riesgo con nivel de incidencia delictiva alta, media y baja.
¿Suficiente? Vienen meses complejos y difíciles. Toca a todos, autoridades, partidos, candidatos y ciudadanos actuar con responsabilidad.
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MÁS LLAGAS:
– Sigue creciendo el escándalo del fraude en la Dirección de Pensiones de San Luis Potosí. 700 millones de pesos que podrían llegar a ser tres mil millones. Hasta ahora hay siete detenidos, entre ellos tres exfuncionarios, en una trama que abarcaría incluso a tres administraciones priistas.
– El municipio de Pesquería, Nuevo León, suspendió temporalmente la construcción de una planta de la acerera Ternium por hacer trabajos de desmonte sin los permisos necesarios ni planes para subsanar el arbolado retirado.
Las autoridades estatales también tienen a esa construcción en la mira porque los estudios de impacto ambiental alertan sobre afectaciones serias a la calidad del agua subterránea, entre otros riesgos.
Ternium es conocida por dañar el entorno ecológico en sus plantas, acaparar concesiones de agua, desaparición de activistas ambientales y violar derechos laborales.
