Persiste el uso de subcontratación en la limpieza de oficinas de la Presidencia

A pesar de la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador de eliminar por completo la subcontratación en el gobierno federal, la Oficina de la Presidencia de la República ha otorgado un contrato a una empresa privada para el servicio de limpieza de sus instalaciones por un monto de 7 millones de pesos.

Según los detalles proporcionados en la licitación IA-02-113-002113999-N-6-2024, emitida el pasado 18 de enero, la empresa Magce Servicios, S.A. de C.V. fue seleccionada para llevar a cabo el servicio integral de limpieza de los bienes inmuebles de la Oficina de la Presidencia de la República, con un costo estimado entre 2 millones 800 mil y 7 millones de pesos.

La elección de Magce Servicios, S.A. de C.V. se basó en su propuesta económica más baja y su cumplimiento con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Presidencia.

A pesar de las promesas anteriores, el uso de subcontratación persiste en la administración pública federal, representando uno de cada tres contratos del gobierno en 2023, y más del 70% en lo que va del año actual, según informes previos.

El contrato para el servicio de limpieza incluye la asignación de 40 trabajadores para atender siete inmuebles de la Oficina de la Presidencia, con un énfasis en Palacio Nacional, donde se requerirán al menos 20 empleados.

La empresa adjudicada está obligada a garantizar la inscripción y pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para el personal asignado, según lo estipulado en el contrato.

En términos de las responsabilidades laborales, se detalla que los trabajadores realizarán diversas tareas de limpieza y mantenimiento, incluyendo la limpieza de pisos, muebles, baños, y áreas comunes, así como el manejo adecuado de residuos y la aplicación de medidas de seguridad e higiene.

Sin embargo, se advierte que cualquier acto de indisciplina, como el uso de dispositivos electrónicos o la introducción de sustancias prohibidas, será sancionado según lo estipulado en el contrato, que también prohíbe el consumo de alcohol y la presencia de armas en las instalaciones de la Presidencia de la República.