Por Raúl Contreras Bustamante
El artículo 3° de nuestra Carta Magna –primera en el mundo en reconocer derechos sociales– instituye el derecho humano a recibir educación, el cual ha venido fortaleciéndose al paso del tiempo. En 2019, mediante una reforma constitucional, se amplió la obligatoriedad de garantizar también la educación superior.
Al igual que al resto de los niveles educativos, se establece en el mandato constitucional que corresponde al Estado la rectoría de la educación; y que la impartida por éste, además de obligatoria, deberá ser universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. La fracción X del mismo artículo 3° dispone que las autoridades federales y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad; y que deberán proporcionar los medios de acceso para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas.
La Ley General de Educación –en su artículo 119– destaca que al menos 1% del Producto Interno Bruto (PIB) se deberá destinar al gasto para financiar la educación superior y la investigación científica, así como humanística; y se dispuso que la transición hacia la gratuidad debería ser de manera gradual.
Lo anterior es importante, ya que el pasado 28 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto que aprueba el Programa Nacional de Educación Superior 2023-2024 y el Programa respectivo, que son el conjunto de estrategias y principios que regirán la actuación de los servidores públicos en la materia.
En el Programa se destaca que, mientras en 2018 el gasto federal en educación superior y posgrado fue de 0.58%, en 2021 lo fue de 0.61% del PIB. Asimismo, se plantea como uno de los objetivos prioritarios el promover una nueva política de financiamiento que garantice el cumplimiento de los fines de la educación superior, así como su obligatoriedad y gratuidad.
La meta es ambiciosa: se plantea que en el ciclo 2024-2025 nuestro país beneficie a una matrícula de 5.5 millones de estudiantes de educación superior; es decir, una cobertura de 48.3%. En el largo plazo, se plantea que en 2040 nuestro país esté inmerso en la fase de universalización de la educación superior.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que, en 2020, el porcentaje en los niveles educativos de la población de 15 años y más se situó de la siguiente manera: 0.2% no especifico, 4.9% sin escolaridad, educación básica 49.3%, media superior 24% y superior, sólo 21.6%.
Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó en diciembre de 2019 un diagnóstico de la educación en México e identificó que este nivel educativo se ha extendido rápidamente. Entre 2007 y 2017, el porcentaje de los jóvenes de 25 a 34 años con educación superior aumentó de 16% a 23%, no obstante, esta proporción está aún muy por debajo del promedio de los países de la organización, que ascendió a 44%.
Sin embargo, la asignación del Presupuesto de Egresos para este año 2024 no establece una inversión importante para fortalecer la materia educativa y tampoco a la educación superior. La inversión pública en la formación de las nuevas generaciones no aparece como una prioridad en el gasto público para lo que queda de la presente administración federal.
En esta realidad, las instituciones de Educación Superior deberán seguir estableciendo políticas emergentes que procuren evitar la traslación de costos a los estudiantes universitarios.
Como Corolario la concepción de Ricardo Rivero y de quien escribe estas líneas: “La educación ayuda a las personas a entender al mundo.”
