La desbandada del PRI hacia Morena, -conformada por grandes figuras de ese partido, donde incluso hay exgobernadores-, se percibe plena de oportunismo.
Sin embargo, la frialdad del recibimiento por parte de Claudia Sheinbaum y de Mario Delgado tiene un tufo de desaire, si es que ellos pensaban que serían recibidos con grandes fiestas.
No es lo mismo abandonar el PRI por desacuerdos con su partido y otra acercarse a negociar integrarse con el enemigo tradicional. Eso significa traicionar a los votantes que les dieron el cargo, esos que estaban en contra de la 4T. Podrían haberse mantenido como independientes.
Es evidente la falta de cultura política de nuestros gobernantes, que no tienen compromiso moral con ningún proyecto que implique una visión de país.
Nuestros políticos cambian de partido como los deportistas cambian de camiseta cuando los ficha otro equipo.
¿Dónde queda el compromiso ideológico? Evidentemente nuestros políticos, -salvo excepciones-, son “buscachambas”. ¿Este perfil de políticos es lo que este gran país merece?
Nuestra política ha adquirido un significado laboral por una parte, y empresarial por otra. De ahí se deriva la corrupción, pues los políticos de hoy carecen de convicciones.
A final de cuentas “la chamba” se la da el elector con su voto, pues confía en que dentro del partido político que le respalda va una visión que él mismo como ciudadano y su candidato comparten. Por tanto, cuando cambia de partido dentro de la vigencia del cargo obtenido bajo las siglas de un partido, entonces se da un latrocinio, robo, abuso de confianza lo cual moralmente constituye un delito que no está legislado con la visión jurídica que debiese existir.
Los derechos políticos de la persona en el cargo público no deben estar por encima del compromiso asumido con quien le dio su voto, teniendo otras opciones entre las cuales decidirse.
Incluso, no es lo mismo renunciar a un partido y quedar como independiente, que irse a ofrecer lambisconamente con quien antes era el enemigo a vencer. Cuando finalice el cargo, puede y tiene todo el derecho de afiliarse con el partido que desee y los ciudadanos debemos tomarlo como un cambio de opinión y convicciones, pero no durante la vigencia del cargo.
El IFE debiese promover una legislación que impida a un político en funciones, -en cargo de elección popular-, ya sea alcalde, gobernador o legislador, cambiar de partido y si sucede, sancionarlo con la renuncia, pues usurpa el cargo con la encomienda que le otorgó el electorado que le dio el triunfo.
¿Quién es el propietario del cargo? Definitivamente es el ciudadano votante en primer lugar, -y en segundo-, el partido que ejerció su presupuesto invirtiéndolo para ganar la elección.
Por lo pronto, el electorado, -desde la sociedad civil-, debe castigarlo con el escarnio y señalarlo como un ladrón… sea quien sea.
Un legislador que puede cambiar de partido se presta a que el Poder Ejecutivo pueda comprar su voto en una elección importante, cambiando la correlación de fuerzas que puede impulsar una ley en un sentido u otro.
TRAGEDIA EN TEXCALTITLÁN
Después de la defensa de los pobladores de este municipio en contra de quienes les cobraban derecho de piso y la muerte de once delincuentes, se ha confirmado la desaparición de una familia completa de apellido Huicoechea, -conformada por ocho miembros-, además de otras seis personas de esa localidad, sumando en total 14 secuestrados.
De estas víctimas cuatro son menores de edad: Keyli Nataly de año y medio, DIlan Tadeo de cuatro, Lucero de 13 y Edwin de 14 años.
La violencia ha llegado a la infancia y el presidente López Obrador aún no acepta este contexto como grave. Todo el mundo se conduele de las víctimas infantiles de la guerra en la Franja de Gaza. Sin embargo, ¿qué sucederá cuando los medios de comunicación internacionales y la UNICEF descubran que la delincuencia organizada en México arremete contra infantes?
De nada sirven las reuniones madrugadoras del equipo de seguridad que seguramente desayuna con el presidente de lunes a viernes si no generan resultados. Pueden estarse reuniendo para convivir, o para analizar las labores de inteligencia aplicadas al ámbito electoral, o para comentar las noticias o abordar cualquier otro tema. Si no hay resultados, de nada sirven esas reuniones.
LA ASF ¿IMPARCIAL?
La Auditoría Superior de la Federación se inconformó porque un juez liberó a Rosario Robles de responsabilidades por la “estafa maestra”, sin poder fincarle responsabilidades después de un proceso judicial iniciado hace casi seis años, de los cuales casi tres años ella pasó en prisión.
Sin embargo, no ha investigado a Ignacio Ovalle por su posible responsabilidad en el desfalco de 15 mil millones a SEGALMEX en este sexenio. Solo ha involucrado a funcionarios menores. ¿Nunca se enteró Ovalle del destino de este monto siendo el director general? Si no lo supo es malo, pero si lo sabía, aún es peor.
EXTORSIÓN
La noticia del secuestro de trabajadores de una pollería en el EDOMEX ha destapado la grave situación de violencia que viven los expendedores de pollo en esa región a causa del cobro de derecho de piso.
¿Para qué utiliza el gobierno federal el sistema de espionaje Pegasus?
Una investigación del New York Times publicada el 18 de abril de 2023 destapa que efectivamente en marzo del 2011 el Ejército Mexicano compró este servicio de espionaje, -el más avanzado del mundo-, desarrollado por expertos israelíes en informática.
Este sistema se compró para combatir la delincuencia. Sin embargo, el New York Times en este artículo asegura que al día hoy se utiliza para espiar civiles que enfrentan al gobierno, así como activistas y periodistas.
Seguramente también se ha utilizado para lograr la detención de los grandes protagonistas de la delincuencia organizada, lo cual es altamente rentable mediáticamente.
Sin embargo… ¿Cuándo se utilizará para desarticular bandas dedicadas a la extorsión y cobro de derecho de piso?
Seguramente se minimiza el impacto y la gravedad de estos delitos, sin descubrir que éstos son generadores de violencia física y homicidios en contra de quienes se resisten a pagar.
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