Raúl Contreras Bustamante
Hace unos días, se conmemoró el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se trata de un documento aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, después de que el mundo fue testigo de los más lacerantes actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad durante la Segunda Guerra Mundial.
De esta manera, se diseñó una carta de navegación para las naciones a fin de garantizar y promover libertad, justicia y paz. Se trata de 30 artículos que forman el lenguaje común esencial para el respeto de los derechos fundamentales en el orbe.
Ahora bien, como cualquier ordenamiento una vez consensuado y en vigor, es importante su cumplimiento. El concepto de Estado de derecho cobra relevancia, pues se trata de un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades están sujetas por igual al cumplimiento del ordenamiento jurídico, el cual debe ser diseñado con pleno respeto a los derechos humanos y aplicado de manera equitativa, justa y eficiente.
El World Justice Project publicó el Índice de Estado de derecho en México 2022-2023, informe de resultados de un análisis realizado en las 32 entidades federativas de nuestro país por medio de ocho factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.
La medición de adhesión al Estado de derecho se mide en una escala de 0 a 1, las tres entidades federativas mejor evaluadas fueron Querétaro (0.49), Guanajuato (0.48) y Aguascalientes (0.47), mientras que los más bajos promedios de adhesión lo tuvieron Guerrero, Ciudad de México y Quintana Roo, las tres con un puntaje de 0.36. El puntaje promedio de las entidades federativas se ubicó en 0.42.
Dicho promedio nos posiciona en el país 116 de 142 evaluados en adhesión al Estado de derecho, por debajo de Angola (0.43) y Madagascar (0.43). Los países mejor posicionados son Dinamarca (0.90), Noruega (0.89) y Finlandia (0.87).
Entre los resultados de nuestro país se identificó —por tercera ocasión— una contracción del espacio cívico. La disminución de la efectividad de la sociedad civil, los partidos políticos y la prensa para actuar como contrapeso al poder público tienen un puntaje menor en 20 entidades; y sólo 11 mostraron un avance, entre ellas Guanajuato, Chihuahua y Oaxaca.
Por otro lado, la justicia civil mostró una mejora en 21 entidades, en este rubro los mecanismos alternativos de solución de controversias se reafirman como el aspecto mejor evaluado. En contraste, la justicia penal mostró una tendencia de estancamiento, el aspecto con menor puntaje lo fue la eficacia de las investigaciones de los ministerios públicos y las policías.
El Índice constituye una herramienta de información útil para fortalecer las políticas públicas; y también es una medición de cómo se están garantizando los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución y los tratados.
La violencia, inseguridad pública, corrupción gubernamental, la expansión de los aspectos sociales dominados por la delincuencia organizada, la comisión de delitos de alto impacto y la impunidad, son fenómenos que vulneran el Estado de derecho, al grado que se ha convertido este concepto en la principal preocupación y demanda ciudadana.
Como Corolario las palabras de Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: “A pesar de que los 30 artículos de la Declaración han despertado una transformación en todas las áreas de nuestras vidas, los rescoldos del racismo, misoginia, desigualdad y odio continúan amenazando a nuestro planeta”.
