Por: Liébano Sáenz
La crisis política en Nuevo León es un caso paradigmático que permite a ciudadanos, autoridades, candidatos y partidos entender el valor que tienen la legalidad y el régimen republicano de división de poderes. La crisis se conjuró a partir de una determinación judicial de la Corte y la actuación responsable y ejemplar del Congreso Local y del gobernador interino, quienes hicieron su parte para que las cosas regresaran a la normalidad.
Más allá del juicio que como político o gobernante merece el gobernador Samuel García, es necesario analizar el tema desde el punto de vista planteado por la legalidad. Él tenía derecho a buscar la candidatura presidencial, aunque eso pusiera en entredicho su compromiso de no abandonar el cargo por otra aspiración. Tampoco sus formas y modos son relevantes, ni el hecho evidente que su incursión significaría dividir el voto opositor. El tema central fue la designación del gobernador interino en los términos que establece la ley.
El gobernador García intentó por diversos medios judiciales dejar un gobernador afín a él. En otras condiciones, la negociación política sería el cauce, sin embargo, la polarización y el enfrentamiento alentado por el joven mandatario la hicieron imposible. El gobernador denunció extorsión de los diputados y que por tal consideración no podía ceder, señalamiento dudoso, al igual que el documento al que remitía.
Que el gobernador se resista al acuerdo es su derecho, no así desconocer la Constitución local que le concede atribución al Congreso para designar al gobernador interino si la ausencia del mandatario es mayor a un mes. No se puede pretender que por la vía judicial se anulen las responsabilidades del órgano legislativo. El gobernante lo intentó y fracasó, aunque lamentablemente resoluciones por la vía del amparo complicaron lo que era claro. También confundió una resolución de la sala especializada del Tribunal Electoral que invocaba consenso en la votación del Congreso. Correspondió al ministro Javier Laynez poner en claro la salida estrictamente legal del asunto y dar cauce a la normalidad.
Lo acontecido es un mensaje relevante para la elección de 2024. Salvaguardar la independencia de la Corte resulta fundamental para la legalidad y para la salud de la República.
