El Gobierno consolida su apuesta de entregar a militares y marinos la gestión de 19 aeródromos
Las Fuerzas Armadas siguen ganando terreno en el sector aéreo. A 306 días de que concluya el Gobierno de López Obrador, el Ejecutivo ha pisado el acelerador en uno de sus proyectos prioritarios: entregar 19 aeropuertos a militares y marinos. Enarbolados en las banderas de garantizar la seguridad nacional y contribuir al desarrollo del país, la Administración federal ha oficializado esta semana el traspaso de nueve terminales aéreas a la Secretaría de la Defensa Nacional a través de asignaciones, una nueva figura derivada de la más reciente reforma a las leyes de aviación. Este mecanismo permite una cesión menos burocrática respecto al proceso anterior de concesión. Este jueves se han sumado las terminales de Campeche (Campeche), Ciudad Victoria (Tamaulipas) y Nogales (Sonora).
Estas cesiones se suman a los aeropuertos de Ixtepec (Oaxaca); Chetumal (Quintana Roo); Tamuín (San Luis Potosí); Palenque (Veracruz); Puebla (Puebla) y Uruapan (Michoacán). En todos los casos, las terminales fueron asignadas al Ejército mexicano a través del Grupo Aeroportuario Olmeca-Maya-Mexica por tiempo indefinido. De acuerdo con el dictamen de asignación, publicado en el Diario Oficial de la Federación, la paraestatal militar acreditó tener las capacidades jurídicas, técnicas, administrativas y financieras para obtener los derechos.
Los militares tendrán en sus manos aeropuertos rentables y con un flujo relevante de viajeros. Por ejemplo, la terminal de Puebla reportó 739.000 pasajeros nacionales de enero a octubre de este año y el aeródromo de Chetumal registró poco más de 273.000 pasajeros domésticos, en ese mismo periodo. Sin embargo, el comportamiento no es el mismo para todas las terminales aéreas, en el caso del aeródromo de Ixtepec sus expectativas son limitadas porque solo puede recibir aeronaves pequeñas y contabilizó menos de 1.500 pasajeros en los primeros nueve meses del año, mientras que la terminal de Tamuín (San Luis Potosí) cayó en declive desde que Aeromar quebró.
Los militares entraron a explorar la veta aeronáutica durante este Gobierno por la puerta grande: con la construcción y administración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), a principios a 2022. Con este banderazo de salida han seguido un puñado de aeródromos. Algunos en zonas donde el crimen organizado ha campado a sus anchas, como Nuevo Laredo y Ciudad Victoria en Tamaulipas y Nogales en Sonora, y el próximo 1 de diciembre se echará a andar, también bajo su mando, el aeropuerto de Tulum, enclavado en la joya turística del Caribe mexicano. A la par, la Sedena deberá diseñar y hacer realidad la nueva aerolínea estatal Mexicana, cuyo despegue está previsto a fines de este año.
La Secretaría de la Marina también ha resultado beneficiada en esta reorganización. El paquete de aeródromos que estarán en sus manos incluye a la joya de la corona: el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y en lo que resta de esta Administración tomará el control de otras siete terminales en Ciudad del Carmen, Obregón, Guaymas, Matamoros, Loreto, Colima y Toluca. Para estas nuevas tareas, la Marina creará su propio Grupo Aeroportuario: Casiopea.
Las terminales aéreas que ahora han pasado o pasaran a manos de las Fuerzas Armadas estaban, en su mayoría, bajo la dirección del órgano desconcentrado estatal, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), que ahora se quedará solo con un puñado de aeropuertos pequeños y con el servicio de distribución de combustible para otros competidores. En suma, en México existen 68 aeropuertos estatales y privados.
Rogelio Rodríguez, experto en Derecho Aeronáutico de la UNAM, advierte que a partir de 2024 los militares se convertirán en un actor preponderante del sector al consolidar su presencia como operadores de aeropuertos y aerolíneas. “Son aeropuertos que pasan del control civil-estatal al control militar-estatal. Este Grupo Aeroportuario [Olmeca-Maya-Mexica] no es un concesionario, es un asignatario y puede tener una aerolínea, en este caso Mexicana y esta empresa va a tener la dualidad de ser operadora del aeropuerto y operadora de una línea aérea, entonces crea una competencia desleal brutal”, zanja.
Pablo Casas, director general del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico-Aeronáuticas, critica que en el mundo las autoridades internacionales insisten en la independencia de las autoridades aeronáuticas y en la debida segmentación de la aviación civil de la militar, sin embargo, en México, el actual Gobierno ha optado por ir a contracorriente y apostar por militarizar la aviación que antes estaba en manos de civiles.
“El propósito es dotar de infraestructura aeroportuaria y sostenible y competitiva al país en aquellas zonas que es requerida”, refiere el Gobierno de López Obrador en las órdenes de traspaso a favor de la Sedena de esta semana. De facto, al concluir el próximo año, los militares y marinos deberán repartir su tiempo en salvaguardar la seguridad con la administración turística y comercial que supone asumir las riendas de estas infraestructuras aéreas estratégicas.
