Raúl Contreras Bustamante
Hace unos días, el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral publicó el informe denominado El estado de la democracia en el mundo y las Américas 2023, que un análisis de cuatro categorías en 173 países: representación, derechos, participación y Estado de derecho.
Destaca que el ciclo 2022 fue el sexto año consecutivo en que más países registraron importantes declives en sus procesos democráticos; se trata de la tendencia descendente más extensa que ha registrado el instituto desde 1975.
En materia de derechos en América Latina, los últimos cinco años se han dado las caídas más significativas en relación a las libertades civiles, las que incluyen: libertad de expresión, prensa, asociación y reunión. Cuba, El Salvador, Honduras y Nicaragua ejemplifican esta tendencia.
En el rubro de participación, existen en el Continente casos de éxito: Uruguay, Estados Unidos y Costa Rica, mismos que se ubican entre los primeros 20 del mundo.
En contraste, la reducción del espacio cívico en otros países ha limitado la capacidad de la sociedad para funcionar como contrapeso; tal es el caso de Brasil, El Salvador, México y Perú, donde se identificaron al acoso digital y otras formas de vigilancia como amenazas.
En cuanto a la violencia física e intimidación de quienes defienden los derechos humanos, tanto en Colombia, Honduras y México se tuvieron efectos disuasivos en la participación. Por lo anterior, una recomendación importante en América Latina fue la de aumentar la participación ciudadana para reconstruir la confianza.
Para México lo anterior cobra especial relevancia, pues en la última votación presidencial, de poco más de 125 millones de mexicanos, votaron cerca de 57 millones, lo que significa una participación de poco más de 63% del padrón electoral, a pesar de ser el ejercicio democrático que usualmente recibe mayor participación ciudadana.
Ahora bien, al grupo poblacional al que no se le ha incentivado a participar de forma plena en la vida democrática es el de la juventud. De acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral, se identificó que en 2018 los jóvenes —segmento de 19 a 34 años— tuvieron una participación de 55 por ciento. Es decir, existe 45% de jóvenes que estando en condiciones de participar de manera activa en la vida democrática nacional, decidieron no hacerlo.
Es un tema de mayor relevancia, pues existen cerca de 38 millones de jóvenes en el país que representan a 30% de la población. Sólo para dimensionar su potencial de incidir en la vida pública, el actual titular del Poder Ejecutivo federal ganó las elecciones con poco más de 30 millones de votos.
El artículo 41 constitucional indica que los partidos políticos son entidades de interés público que tienen la obligación de promover la participación ciudadana en la vida democrática para hacer posible su acceso al ejercicio del poder público.
El Consejo General del INE aprobó para el financiamiento público de los partidos políticos nacionales para el ejercicio 2023, más de seis mil millones de pesos. Sin embargo, no queda claro cuánto de ese dinero es utilizado para capacitar y abrir espacios de representación para la juventud.
Hoy, la apuesta debe ser trabajar para que nuestros jóvenes se inscriban al padrón electoral, se informen respecto de las plataformas políticas de los partidos, investiguen en relación a la trayectoria de los candidatos y ejerzan su derecho y obligación de votar en los próximos comicios de junio.
Construir una ciudadanía participativa y responsable, es un reto importante e impostergable.
Como Corolario, la frase del filósofo español Fernando Savater: “La juventud es el suplemento vitamínico de la anémica rutina social”.
