En una decisión unánime el Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley 3 de 3. Esta ley, que ahora forma parte de la Constitución capitalina, establece que ser no agresor de mujeres ni deudor alimentario es requisito para aspirar a cargos públicos o candidaturas.
El dictamen prohíbe que personas con sentencia firme por delitos graves. Como aquellos contra la vida, la integridad corporal, la libertad sexual y el desarrollo psicosexual, accedan a cargos públicos o sean postulados.
Además, quedan excluidos quienes tengan sentencia firme por violencia política familiar, doméstica, o violación a la intimidad sexual contra las mujeres en razón de género. También se impide la postulación a aquellos inscritos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, a menos que regularicen su situación financiera.
Mandato Constitucional y Logro para el Movimiento Feminista
La diputada local de Morena, Martha Ávila, promotora clave de esta iniciativa, resaltó que la aprobación cumple con un mandato constitucional y representa un logro para el movimiento feminista. Destacó la lucha continua por erradicar la violencia contra las mujeres y garantizar la igualdad sustantiva.
Ávila señaló:
“Continuamos con orgullo la responsabilidad de hacer oír las voces de las mujeres, eliminar relaciones opresivas de género, combatir la exclusión y desterrar las formas de violencia de la cultura patriarcal”.
La aprobación se recibió con júbilo por colectivas presentes, quienes celebraron la votación final de esta reforma constitucional, marcando un hito en la búsqueda de un entorno más seguro y equitativo para las mujeres en la Ciudad de México.
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