Por Raúl Contreras Bustamante
El párrafo cuarto de nuestra Constitución establece: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud”. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud reitera que el goce de la salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano y que este derecho engloba el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención, de calidad suficiente.
La Carta Magna reconoce que la protección de la salud es de suma importancia; determina que es una obligación del Estado atenderla de manera concurrente entre la Federación y las entidades federativas, a través de un sistema que garantice la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de servicios integrales y gratuitos para las personas que no cuenten con seguridad social.
El sistema de salud en México se creó a partir de 1943 y desde entonces ha venido evolucionando —casi siempre— para lograr la democratización de este servicio público, hasta llegar a establecerlo como un derecho humano exigible y justiciable. Lo anterior supone que toda persona, sin importar su ingreso, residencia, origen étnico o situación laboral tiene el derecho de acceder a un servicio médico de calidad.
Todos los esfuerzos de reforma al sistema de salud se han basado —en mayor o menor medida— en cinco valores: igualdad de oportunidades, inclusión social, justicia financiera, corresponsabilidad y autonomía personal. Lo anterior supone un avance teórico sustantivo en materia de derechos humanos.
Sin embargo, la realidad se impone y la garantía de este derecho es un reto cada vez mayor para el erario. Porque las cifras indican que nuestro país obtuvo en 2021 una recaudación tributaria de sólo 16.7% del Producto Interno Bruto, cuando el promedio de América Latina y el Caribe lo es del 21.7% y de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), representa 34.1 por ciento.
En este espacio hablamos hace unas semanas que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en las Estimaciones de Pobreza Multidimensional 2022, informó que las personas que declararon carecer de los servicios de salud indispensables aumentaron de 20.1 millones de personas en 2018, a la cifra alarmante de 50.4 millones en 2022.
Hace pocos días, la OCDE publicó el documento Panorama de la Salud 2023, en donde se diagnosticó que la esperanza de vida en nuestro país es de 75.4 años, 4.9 años debajo del promedio de la OCDE, y que 36% de los adultos presenta obesidad frente al promedio de los países miembros, que es de 26 por ciento.
La misma organización estima que, como consecuencia del sobrepeso y las enfermedades relacionadas, durante los siguientes 30 años, la vida promedio de las y los mexicanos se reducirá en 4.2 años.
Por último, destacó que nuestro país gasta mil 181 dólares per cápita en salud, que es mucho menos que el promedio de cuatro mil 986 dólares. De esta manera, México es el país que ocupa el 1° lugar más bajo en gasto de salud de la OCDE, seguido de Colombia y Costa Rica.
Hacer efectivo el derecho humano a la salud es una necesidad insustituible para tratar de moderar las desigualdades sociales. Garantizar el acceso efectivo a la salud de las personas que menos tienen, es la llave para el goce de muchos otros derechos; como lo es la educación, alcanzar un trabajo digno, la posibilidad de progreso en la vida, así como lograr un desarrollo social y económico adecuado, no sólo de las personas mismas, sino también para la nación.
Como Corolario las palabras del activista estadunidense Martin Luther King; “De todas las formas de desigualdad, la injusticia en la salud es la más impactante e inhumana”.
