Manda el Ayuntamiento a periodistas a sueldo para negar o desvirtuar el derecho de Alvarado
El 27 de enero del 2020 la periodista Cinthya Alvarado Enríquez registró el abuso de policías municipales contra los ciudadanos indígenas de Pavencul, para enseguida sufrir los mismo que ellos, sometimiento, actos degradantes y crueles, luego quedar detenida por los cargos que el ayuntamiento a través de la sindicatura levantó. Los Derechos Humanos de las 43 víctimas fueron agraviados por lo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la recomendación CEDH23/2020-R, para la Reparación del Daño, misma que el Ayuntamiento se negó durante tres años cumplimentarla.
Alvarado Enríquez acudió en diciembre 2022 a solicitar un amparo que fue turnado al Juzgado primero de Distrito con el número 1614/2022 a cargo de la jueza Rosa Patricia Córdova Rangel quien desechó de entrada la acusación contra el Ayuntamiento. La periodista interpuso queja ante el Tribunal Colegiado que en 4 meses resolvió a su favor y dicto que el juzgado repusiera y admitiera el procedimiento. En su informe justificado las autoridades responsables negaron la existencia del acto reclamado, la quejosa desvirtuó dichas negativas. A un mes de cumplir un año el amparo fue resuelto a favor de la periodista, en un caso raro, ya que en México la impunidad abarca más del 90%, según datos de CNDH de las agresiones a periodistas sólo el 10% se resuelven.
Uno de cada dos agresiones a periodistas proviene del Estado, y en el caso de Cinthya ha sido el ayuntamiento de Tapachula quien paga campañas de desprestigio pretendiendo despojarla de su calidad de periodista, de su activismo, y como es clásico atacando su honor de persona y de mujer. En el acto cívico en el que notificó a la Opinión Pública de este fallo a su favor, en la explanada del parque central, afuera del edificio del Ayuntamiento, Cinthya fue increpada por un periodista de nombre Julio Navarro, quien le interrumpía diciendo que es una mentirosa y que pretende lucrar con este clamor de justicia, posteriormente se acercaron otros periodistas que también insistieron en qué cantidad de dinero pide la periodista, debido a que la misma presidente municipal que antes fue la sindico en 2020, ha declarado que la periodista pide un dineral, lo que es falso y corresponde a ese patrón de violencia contra la colaboradora de Los Ángeles Press.
La jueza Córdova Rangel en su sentencia ordenó que la Comisión Ejecutiva Estatal de Víctimas (CEEAV) establezca el dictamen que fije la cantidad y las medidas de reparación que incluyen: disculpas públicas; atención médica y psicológica; garantía de no repetición, acceso a la verdad, que la autoridad responsable, en este caso el Ayuntamiento publique la verdad y dinero que compense las pérdidas, cifra que ha sido motivo de suspicacia y ataques contra la periodista, quien respondió los cuestionamientos de los compañeros seguramente comisionados por el Ayuntamiento al respecto: “si Rosy, o Julio Navarro o si alguno de ustedes tiene pruebas que yo pedí 3 millones, preséntenlo ante el juzgado, porque hasta el día de hoy ni su servidora, ni la misma jueza conoce qué cantidad va a determinar la CEEAV que es la autoridad facultada para determinar a cuánto asciende el daño”.
