Por Raúl Contreras Bustamante
En 1954, las mexicanas votaron por primera vez en las elecciones para el Congreso.
La historia de la humanidad enseña que —sin lugar a dudas— el grupo en situación de vulnerabilidad más discriminado y que ha padecido de manera sistemática abusos, violencia y violaciones a sus derechos, son las mujeres.
De forma equivocada, el estereotipo de la mujer se construyó a lo largo de los siglos sobre falsas ideas: inferior, débil, sumisa, dependiente, reservada a un papel social y político secundario; limitada al ámbito doméstico y a los trabajos de menor jerarquía.
Hace unos días se cumplieron 70 años del reconocimiento del derecho de las mujeres a votar y ser votadas para puestos de elección popular en México.
A partir de la promulgación de la Constitución de 1917, en nuestro país se comenzó a establecer la protección constitucional de los derechos de las mujeres, iniciando por la esfera laboral y permitiendo su acceso a la educación.
Esta Constitución —orgullo de México— representó un documento jurídico innovador y adelantado a su época, reconocido por el constitucionalismo internacional en haber sido la primera en el mundo en establecer los derechos sociales.
Sin embargo, debido al contexto histórico, social y político, así como, el analfabetismo y los atavismos culturales y económicos, en la práctica cotidiana se mantuvo la discriminación y la falta de equidad hacia las mujeres durante décadas.
Fue en 1947, bajo la presidencia de Miguel Alemán Valdés, que se reformó el artículo 115 de la Suprema Ley de la Nación para reconocer el sufragio de las mujeres —de manera limitada— permitiéndoles participar en las elecciones municipales.
Años después, en 1953, siendo presidente Adolfo Ruiz Cortines, se reformó el artículo 34 constitucional para reconocer la ciudadanía plena de las mujeres, y en 1954 votaron por primera vez en las elecciones para el Congreso.
El factor decisivo que contribuyó a la conquista de los derechos políticos y ciudadanos de las mujeres fue —y seguirá siendo— la educación. Y es que hasta antes del siglo XX, la enseñanza estuvo vedada para las mujeres, habiendo sido reservada para los varones provenientes de las élites dominantes: monarquía, aristocracia y clero.
La educación y el acceso al conocimiento juegan un papel determinante en la eliminación de aquellos prejuicios sociales que discriminan a las mujeres. Es la educación la poderosa herramienta que ha servido para lograr el progreso en el reconocimiento de la mujer en toda la gama de derechos.
Hoy, las sucesivas reformas legislativas y los avances en diferentes renglones demuestran resultados indudables. La composición de las Cámaras de nuestro Congreso es paritaria; y ambas Cámaras son presididas por mujeres. Lo mismo sucede en la Suprema Corte de Justicia, Instituto Nacional de Acceso a la Información, la CNDH y en el Instituto Nacional Electoral, por citar algunos ejemplos a nivel federal.
En el ámbito educativo, las mujeres están alcanzando lugares protagonistas indudables. Tan sólo en la UNAM, de una matrícula estudiantil de 369 mil 607 estudiantes, 51.97% son mujeres.
Durante muchos años, en la cultura mexicana, la violencia contra la mujer había estado normalizada. Hoy nos encontramos —y se está forjando— una nueva generación de mujeres que conoce, exige y lucha por sus derechos, conquistando cada vez más espacios, gracias a la educación.
Como Corolario las palabras de una pionera feminista en México, Hermila Galindo Acosta: “Las mujeres necesitan el derecho al voto por las mismas razones que los hombres; es decir, para defender sus intereses particulares, los intereses de la patria y de la humanidad”.
