- Sería con pueblos originarios, comunidades afromexicanas y personas con discapacidad.
- La legisladora Karla Aguilar se pronunció por agilizar el dictamen de las iniciativas existentes.
Los municipios cuentan con acceso a programas y subprogramas de prioridad nacional de los fondos de Aportaciones de Seguridad Pública y para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública, que otorgan recursos para la creación de los juzgados cívicos y capacitación en esta materia, con los que podrían atender las disposiciones de la Ley de Justicia y Cultura Cívica de la entidad, aseveró la diputada Karla Aguilar Talavera (PRI).
En reunión de trabajo de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y Procuración y Administración de Justicia, en la que se sugirió la consulta sobre esta ley con pueblos originarios, comunidades afromexicanas y personas con discapacidad, la legisladora explicó que la propuesta de crear la figura del juzgado cívico responde el modelo homologado de justicia cívica que ya rige a nivel nacional.
Explicó que el juzgado cívico es una figura administrativa que no guarda relación con órganos jurisdiccionales por lo que no deben ser regulados por el Poder Judicial y plantea desaparecer las oficialías mediadoras y conciliadoras para dar paso a dichos juzgados.
Al continuar con el estudio de las iniciativas para expedir la Ley de Justicia Cívica del Estado de México y sus Municipios, impulsada por la legisladora Karla Aguilar, y la Ley de Cultura Cívica para el Estado de Estado de México, de la diputada Azucena Cisneros Coss (Morena), la diputada Karla Aguilar se pronunció por su pronta aprobación, pues se han realizado las suficientes reuniones, se han recibido aportaciones y se han aclarado las dudas de las y los legisladores, así como de diversas instituciones.
Durante la sesión presidida el diputado Enrique Jacob Rocha (PRI), la legisladora Juana Bonilla Jaime (MC) consultó en qué momento se llevaría a cabo la consulta con los pueblos originarios, comunidades afromexicanas y personas con discapacidad, y señaló que, de aprobarse, esta ley brindará mayor equilibrio a la separación de poderes.
Al respecto, Miguel Sadot Sánchez Carreño, representante del Poder Judicial, expuso que estas consultas son un mandato constitucional y que pueden realizarse antes de la expedición de la ley o, de aprobarse primero, antes de que cobre vigencia. También destacó que se trata de una propuesta relevante porque se enmarca en los esfuerzos por restaurar el tejido social en la entidad y el país.
Durante estos trabajos el diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (Morena) se pronunció por escuchar directamente al titular del Poder Judicial para conocer su opinión y aportaciones sobre las propuestas.
