Por: Daniel Vergara.
Con la implementación del sistema penal acusatorio, se aperturaron más beneficios para las partes que intervienen en el proceso penal, pero también vino un problema, el cuál por su importancia se debe de estudiar a fondo, este es, el cómo se ofrece una prueba de forma legal y detectar una demostrativa que fue recabada con la ilegalidad y con vulneración directa de derechos humanos, conforme a la legislación adjetiva penal.
La prueba es una actuación procesal, por la que las partes intentan acreditar o desacreditar los hechos denunciados, los sujetos procesales que intervienen en el juicio tienen el derecho a producir las probaturas necesarias que les permitirá a los jueces de los tribunales determinar si existió o no una infracción penal y conforme a esto dictarán la sentencia correspondiente, estas demostrativas deben de ser obtenidas de forma legal y en total respeto a los derechos humanos de las partes, pues de lo contrario será ilícita y deberá ser desechada.
En materia penal, la prueba es el elemento o dato, racional y objetivo, idóneo, para acreditar la existencia o no del delito, así como para demostrar o no la responsabilidad penal del inculpado, la demostrativa es uno de los elementos más importantes que se tiene para llegar al esclarecimiento de la verdad y la correcta impartición de justicia.
Dentro del proceso penal, todos los hechos que forman objeto de la prueba son aquellos que se encaminan a demostrar o desvirtuar la existencia de un hecho que la ley considere como delito, así mismo a la participación en ese suceso de la persona que está sometida a proceso.
Es decir, que trata de constatar la existencia o no de los elementos corpóreos del tipo penal y la responsabilidad del sujeto, las partes son los actores en la realización de la actividad probatoria, trayendo al juzgador todo aquello que permita demostrar o verificar lo que se afirma en el proceso judicial.
La actividad probatoria tiene además la finalidad de servir de respaldo para una determinación judicial, la cual deberá de llevar la rectitud en el más amplio sentido jurídico.
Me he percatado durante mi ejercicio profesional que la decadente Fiscalía General de la Republica, y de la Ciudad de México, se revisten de la elaboración de probaturas, donde inocentes son llevados a juicio por la incorporación de pruebas ilícitas, tales como la tortura, los cateos realizados de forma irregular, evidencia digital, incorporada a las carpetas de investigación que son obtenidas vulnerando los derechos fundamentales de los imputados, sin que medie más que la “arbitrariedad” con la cual se conduce la fiscalía, siendo esta el órgano de investigación más “temible” por parte de la ciudadanía y más aún si no se está de acuerdo con la ideología del gobierno actuante.
Como claro ejemplo, tenemos la persecución por parte del estado en contra del Fiscal General del Estado de Morelos; Uriel Carmona Gándara, donde todo el poder punitivo, es utilizado como fabrica para crear presuntos culpables.
Por lo cual se exhorta a jueces y magistrados realizar un análisis profundo de la prueba prohibida, con el fin de arribar a conclusiones firmes, que sustenten con orden logico-juridico sus sentencias, e incluso que algunas probanzas ilícitas no puedan admitirse cuando estos hayan detectado inmediatamente la vulneración de los derechos fundamentales de la persona.
En el sistema de impartición de justicia, la vigilancia por parte de los jueces debe realizarse como un ataque a la libertad de lo prohibido o lo ilícito, donde la corrupción no sea la base de esta sociedad y la sociedad descanse en un régimen de verdad absoluta.
“El hombre encargado de impartir justicia tiene el deber de dar a la sociedad una vida apacible zanjeando los debates.”
Es deber de los juristas que estén preparados para detectar las pruebas ilícitas y hacer valer el derecho de excluirlas, interponiendo todos los recursos y medios legales para que se respeten los derechos humanos y garantías de sus patrocinados, interrumpiendo de forma inmediata cualquier abuso de la autoridad, dejando a un lado los intereses individuales, anteponiendo los intereses comunes de la personas.
Por su parte; Dionisio de Halicarnaso, estimaba que “Un buen gobierno produce ciudadanos que se distinguen por su valor, su amor a la justicia y otras buenas cualidades. Un mal gobierno les hace cobardes, rapaces y esclavos de todos los deseos deleznables”.
