Por Azul Etcheverry
9 años, cinco procuradores de justicia y dos presidentes han pasado desde aquel 26 de septiembre de 2014, día en el cual 43 jóvenes de la escuela normal rural de Ayotzinapa desaparecieron sin explicación alguna, como si se los hubiera tragado la tierra y de lo cual hasta ahora, después de casi una década, se tienen más preguntas que respuestas.
Para apoyar las investigaciones y también en respuesta a la falta de claridad y acciones contundentes para la investigación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos designó en acuerdo con el gobierno mexicano el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyos informes han arrojado que las fuerzas armadas estatales estuvieron directamente relacionadas con la tragedia al tiempo que han también denunciado opacidad del ejército para mostrar los informes sobre el suceso e incluso se han generado momentos de mucha tensión entre el grupo y la referida Comisión con el gobierno cuando el Grupo ha decidido incluso retirarse debido a la falta de transparencia y hermetismo oficial.
En contraste, después de reunirse con las familias de los 43, López Obrador ha mencionado que su gobierno ha colaborado y que toda la información ha salido a la luz. “Yo no soy Peña, yo no encubro”, ha dicho también el mandatario en turno, aún cuando las familias enfrentan ya solas las averiguaciones ante la decisión del GIEI por frenar sus gestiones debido a la poca colaboración gubernamental y del ejército.
A pesar de que los informes del GIEI han logrado descubrir líneas sobre los motivos, la dinámica, los actores involucrados e incluso sus motivos para la desaparición de los jóvenes, lo cierto es que aún no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que sucedió con ellos o donde están sus cuerpos, cual fue su paradero.
En una respuesta natural y con el afán de seguir en una lucha pacífica, las familias montaron en días anteriores un campamento de protesta frente a un cuartel militar en donde se escuchan voces de “son unos cobardes con armas”, refiriéndose a su supuesta responsabilidad en la tragedia y a la impotencia generada de verlos tras muros y alambres de púas.
Tras nueve años la herida sigue abierta y no ha habido ningún intento por curarla, tristemente, incluso se ve infectada por la indiferencia, la opacidad y las promesas incumplidas de resolver en caso “en dos meses”.
La herida es de las familias pero también se ha extendido para todos los mexicanos en forma de indignación y miedo para los jóvenes y mujeres, que no solo siguen viendo un caso sin resolver sino tragedias cómo esta replicadas en el día a día, impunidad y violencia.
El arma que nosotros tenemos la podremos usar próximamente, en las urnas. Que nuestra indignación y miedo se conviertan en valor para ese día salir valientes a exigir respuesta y justicia para los 43 y los suyos y seguridad y paz para nosotros.
