Es un error grave, que llama a la sospecha, el que se pretenda disminuir el gasto electoral justo cuando el país habrá de encarar comicios sumamente complejos, procesos que tendrán lugar en el marco de la polarización, de amenaza del crimen y de interferencia ilegal de los gobiernos
Es cierto que México tiene un gasto electoral muy por arriba al de la mayoría de los países. Así sucede porque, a diferencia de otras democracias, nuestras instituciones electorales se construyeron en el marco de la desconfianza y para ello se tuvo que crear una burocracia electoral permanente, procesos e instrumentos que resistieran no sólo la tentación de la ilegalidad, sino el prejuicio. Pero no ha sido un gasto en vano: el país tiene una institucionalidad ejemplar y los comicios son fuente de certeza. Las impugnaciones se resuelven por una justicia electoral igualmente confiable.
La credencial de elector es el instrumento de identidad ciudadana. Construir un padrón de calidad fue una exigencia básica resuelta con éxito, como lo ha sido también su administración y actualización. Es inevitable que entrañe un costo importante.
Otro rubro de gasto es el financiamiento regular y para campañas de los partidos políticos. Su definición está en la Constitución. Cierto, a pesar de las prerrogativas, la equidad en la contienda continúa siendo más aspiración que realidad. Persisten prácticas de financiamiento subrepticio, en algunos casos desviación de recursos públicos, otros, derivados de la relación indebida entre el poder público y los negocios.
El INE realiza una rigurosa fiscalización, pero es tarea marginal ante la magnitud del problema, además, lo más preocupante, el dinero de la delincuencia organizada, está en manos no del órgano electoral, sino de las instituciones del Estado, a las que corresponde prevenirlo, identificarlo y castigarlo.
Por todo lo anterior es un error grave, que llama a la sospecha, el que se pretenda disminuir el gasto electoral justo cuando el país habrá de encarar comicios federales y locales sumamente complejos, procesos que tendrán lugar en el marco de la polarización, de amenaza del crimen y de interferencia ilegal de los gobiernos. La Cámara de Diputados debe respetar al INE y al Tribunal Electoral en su planteamiento de gasto. En todo caso, una de las tareas de la nueva legislatura es emprender un rediseño del sistema electoral en el marco del consenso, preservando un intangible fundamental para la viabilidad de México: la confiabilidad de los comicios y sus resultados.
