Por Raúl Contreras Bustamante
El día de ayer dio inicio el primer periodo ordinario de sesiones del último año de la 65 Legislatura del Congreso de la Unión. Nuestra Carta Magna —en su artículo 65— ordena que se reúna a partir del 1º de septiembre de cada año y de acuerdo con el artículo 66 constitucional, no podrá prolongarse más allá del 15 de diciembre.
En dichas sesiones, las Cámaras de Diputados y Senadores se deberán abocar al estudio, discusión y votación de las iniciativas de ley que se le presenten y de la resolución de los demás asuntos.
Dos temas de vital importancia para la vida democrática del país se deberán resolver en este periodo legislativo.
El primero, la autorización del Presupuesto de Egresos de la Federación, que es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, a iniciativa también exclusiva del Presidente de la República. Existen voces que anuncian severos recortes al Poder Judicial y a órganos constitucionales autónomos para tratar de someterlos o limitar sus resoluciones.
La división de Poderes y la salud de la República dependerá del respeto que el Poder Ejecutivo y el Legislativo tengan a los demás integrantes del Estado mexicano y es de esperarse que cumplan con sus responsabilidades constitucionales y les doten de presupuestos suficientes.
El segundo tema, se refiere a los nombramientos pendientes de realizarse. Nuestra ingeniería institucional ha previsto que deben hacerse por el propio Congreso de la Unión los procesos de elección de servidores públicos que integrarán los órganos de dirección de diversos órganos de gobierno y jurisdiccionales.
En particular, existen decenas de designaciones o ratificaciones que han sido postergados por el Senado de la República, debido a la falta de consensos en la Cámara alta; lo anterior ha dado origen a una actividad irregular de los órganos. Las personas aspirantes ya agotaron los requisitos y procedimientos para su elección y están a la espera de la votación respectiva.
Además de los tres integrantes del Instituto Nacional de Acceso a la Información, existen otros 206 nombramientos aplazados; como por ejemplo algunas magistraturas de las salas regionales de los Tribunales Electorales, quienes resuelven las impugnaciones sobre las elecciones locales y federales.
No es menor la falta de estas designaciones, ya que estamos frente al proceso electoral concurrente de carácter federal y local más grande de la historia; pues se elegirán, por medio del voto, más de 20 mil funcionarios públicos, que incluyen la renovación de la Presidencia de la República, las propias Cámaras de Diputados y Senadores, ocho gubernaturas, 31 Congresos locales, ayuntamientos en todas las entidades federativas, así como la Jefatura de Gobierno y las alcaldías de la capital de la República.
Ante este reto de la mayor relevancia, debe destacarse la urgencia de tener integradas a nuestras instituciones conforme a los mandatos de ley, puesto que dependerá de ello la legitimidad de sus decisiones; y en consecuencia, la de los servidores públicos que deberán ser electos a través de voto popular el año próximo.
Nuestra vida institucional democrática se tiene que construir con base en consensos. Si bien debe haber pesos y contrapesos, nuestra Constitución exige a todos los actores el cumplimiento puntual de sus responsabilidades, para la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía que los eligió.
Como Corolario, la frase de la filósofa española Victoria Camps: “La democracia necesita una virtud: la confianza. Sin su construcción, no puede haber una auténtica democracia”.
