Jueza de Control en Tlalnepantla Determina Prisión Preventiva para Trabajadores del Bar Black Royce en Relación con Muerte de Empresario
En un paso clave hacia el esclarecimiento del trágico suceso que cobró la vida del empresario Iñigo Arenas el pasado 6 de agosto, una jueza de control con sede en Tlalnepantla ha ordenado prisión preventiva para los seis trabajadores del bar Black Royce, situado en el municipio de Naucalpan. La prolongada audiencia, que se extendió por más de diez horas, arrojó importantes avances en el caso.
Los implicados, quienes compartieron las últimas horas con el empresario de 41 años, han sido identificados como:
– Carlos Daniel ‘N’
– Eduardo ‘N’
– Ana Karen ‘N’
– Aritzi Abril ‘N’
– Cecilia Mariana ‘N’
– Ana Karen ‘N’
La crucial audiencia inicial de formulación de imputación se llevó a cabo en los Juzgados de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sentencia, ubicados en las proximidades del Centro Penitenciario de Reinserción Social de Tlalnepantla de Baz.
El desenlace legal de los detenidos está pendiente de definirse y se espera que se resuelva la próxima semana.
A lo largo de la diligencia judicial, la jueza determinó la legalidad de la detención de los involucrados y concedió la duplicidad de término constitucional a las cuatro mujeres y los dos hombres que fueron detenidos en días previos. Este aplazamiento permite que su situación jurídica se aclare en profundidad, y se anticipa que esta resolución se tomará el próximo martes.
La mañana del proceso, los seis imputados salieron de sus celdas para enfrentar por primera vez a la jueza de control en su audiencia inaugural. Casi de inmediato, la funcionaria judicial dictaminó la legalidad de la detención. Durante las deliberaciones, salió a la luz que la fiscalía cuenta con un testigo protegido, identificado como Ricardo “N”, quien ostentaba el cargo de gerente del bar. Según sus declaraciones, en el establecimiento las damas de compañía suministraban sustancias a los clientes con la intención de mantener el consumo de bebidas alcohólicas.
Además, se ha hecho público que existe un acuerdo entre el bar y los taxis de la Ciudad de México, mediante el cual los conductores transportan a los clientes ebrios por una tarifa de $300 pesos o un 30 por ciento del total de la cuenta, según lo revelado en la audiencia. Estos detalles emergieron como parte de la serie de revelaciones que están arrojando luz sobre los eventos que precedieron al trágico desenlace.
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