El Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, será el encargado de evaluar la controversia constitucional presentada por el gobierno de Chihuahua contra la Secretaría de Educación Pública (SEP) en relación con la impresión y distribución de libros de texto gratuitos en el estado.
La demanda, que ha sido registrada con el número 400/2023, plantea preocupaciones sobre posibles violaciones a los procedimientos utilizados para la aprobación de los contenidos de los libros de texto gratuitos que se distribuyen en el sistema educativo. El gobierno de Chihuahua, en calidad de demandante, busca esclarecer si hubo irregularidades en el proceso de selección y aprobación de los materiales educativos que se utilizan en las aulas.
El Ministro Aguilar Morales asumirá la tarea inicial de decidir si admite a trámite esta controversia constitucional, presentada el pasado viernes ante la SCJN. Esta admisión implicaría la apertura formal de un proceso legal que podría tener repercusiones significativas en el ámbito educativo y en la relación entre el gobierno federal y el estado de Chihuahua.
La solicitud presentada por Yadira Anette Gramer Quiñonez, quien se desempeña como Consejera Jurídica del Estado de Chihuahua, pide específicamente al Ministro Aguilar Morales que inicie el procedimiento correspondiente en relación con la controversia contra la Secretaría de Educación Pública Federal.
Si la controversia es admitida a trámite, el Ministro Aguilar Morales deberá proceder a elaborar un proyecto de resolución. Posteriormente, será la Corte la que decida si el gobierno de Chihuahua tiene fundamentos válidos en sus preocupaciones o si la SEP ha actuado de manera conforme a la Constitución en relación con la aprobación y distribución de los libros de texto.
La controversia presentada también nombra a varias autoridades de la SEP como responsables, incluyendo a la titular de la institución, Leticia Ramírez, así como a varias direcciones y comisiones relacionadas con la educación en México. Estos nombres se mencionan debido a su posible involucramiento en los procedimientos de selección y revisión de los contenidos educativos.
Cabe destacar que esta no es la única controversia relacionada con los libros de texto que está en juego. La Corte también tiene pendiente la solicitud de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) para que la Corte determine la validez de la suspensión definitiva otorgada por una juez de distrito. Esta suspensión busca asegurar que los libros de texto se ajusten a planes y programas de estudio y no contengan ideologías políticas.
La decisión del Ministro Aguilar Morales y las subsiguientes acciones de la Corte podrían marcar un precedente importante en relación con la educación y el contenido de los materiales educativos en México, y su impacto podría resonar más allá de los confines del estado de Chihuahua.
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