Por: Liébano Sáenz
El objetivo de las reformas al cierre del siglo, durante la gestión del presidente Ernesto Zedillo, tenían como propósito abrir en el país el ciclo de la normalidad democrática mediante una reforma profunda al sistema electoral y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ocurrió en condiciones adversas, en medio de una crisis de confianza resultado del levantamiento zapatista, los magnicidios de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu, y una profunda inestabilidad financiera.
Son muchos los que participaron en ese esfuerzo colectivo por construir las condiciones de estabilidad que requería con urgencia el país. Destaco a los finados Carlos Castillo Peraza, Porfirio Muñoz Ledo, Arsenio Farell, Arturo Warman, Vicente Aguinaco y Rafael Segovia, representantes de una generación que determinó que la normalidad democrática transita por la ampliación de los derechos político-electorales, la independencia o autonomía de la Corte, el Banxico y el IFE (hoy INE), además de una justicia electoral confiable, profesional y adscrita al Poder Judicial de la Federación. Fue una reforma que previó la creciente alternancia en los ejecutivos locales, que cuidó garantizar la constitucionalidad de los actos de autoridad con la autonomía de la Corte y creó las bases para la coexistencia política y la gobernabilidad en condiciones inéditas de un Ejecutivo sin mayoría en la Cámara.
El logro de un gobierno y de una generación se aprecia en perspectiva. Las condiciones de arribo al poder desde 1970 hasta 1994 fueron accidentadas y en medio de crisis e incertidumbre. No ocurrió así en el 2000, a pesar del pronóstico de que el fin de la era de los presidentes del PRI se daría en medio de la confrontación, la inestabilidad y la rebelión. La normalidad democrática se impuso porque las dificultades previas mostraron que la coexistencia de los diferentes en torno a un objetivo común hace posible el cambio sin sobresaltos.
La competencia política ha llevado al país a la confrontación y al encono, pero en momentos difíciles la vía electoral y el compromiso de todos con la normalidad democrática, serán siempre la fórmula más civilizada y confiable para determinar el rumbo de México. Tarea es de todos velar porque así suceda, muy especialmente, de los gobernantes.
