El tradicional aroma de los tacos se esfumó de las calles de Uruapan, Michoacán, cuando todas las tortillerías del municipio decidieron cerrar sus puertas tras recibir amenazas del crimen organizado. La resistencia al control de precios impuesto por grupos delictivos dejó a la comunidad sin la materia prima para elaborar los tan queridos tacos, generando una situación sin precedentes en la región.
El pasado 2 de agosto, los dueños de las tortillerías de Uruapan se vieron forzados a tomar la difícil decisión de no levantar la cortina de sus negocios debido a las amenazas que recibieron a través de mensajes de WhatsApp. Un grupo criminal anónimo advirtió que, en caso de abrir sus locales, estos serían incendiados. Con tal advertencia latente, la comunidad se sumió en una suerte de “crisis del taco”, afectando no solo a las tortillerías locales, sino también a las tiendas de autoservicio, donde también escasearon las tortillas.
El regreso del alimento esencial, el taco, está supeditado a las garantías de seguridad que puedan brindar las autoridades locales. Los dueños de los locales han manifestado su preocupación por la integridad de sus negocios y la seguridad de sus trabajadores, por lo que esperan acciones concretas por parte de las autoridades para garantizar un ambiente seguro en el que puedan desarrollar sus actividades comerciales sin temor.
El alcalde de Uruapan, Ignacio Campos, confirmó la existencia del problema y reconoció la difusión del audio amenazante en grupos de WhatsApp. Aunque aseguró que las actividades económicas están garantizadas en el municipio, la realidad es que la comunidad se encuentra sumida en un ambiente de inseguridad, que va más allá de la falta de tortillas. Campos declaró estar trabajando de manera coordinada con los gobiernos estatal y federal para abordar la situación.
El tema de las extorsiones y la inseguridad es una preocupación latente en Uruapan, y el alcalde invitó a los afectados a presentar denuncias formales para permitir el inicio de las investigaciones correspondientes. No obstante, estas declaraciones no fueron del todo bien recibidas, ya que el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aclaró que las extorsiones como la sufrida por las tortillerías se investigan de oficio en el Estado. Afirmó que, en el caso de las tortillerías de Uruapan, se están llevando a cabo investigaciones en conjunto con la Fiscalía de Michoacán para dar con los responsables y poner fin a esta problemática.
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