La Fiscalía de Colombia ha revelado detalles preocupantes sobre la campaña presidencial de 2022 que llevó a la victoria a Gustavo Petro, actual presidente de la nación. Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del mandatario, ha confesado ante las autoridades que parte del dinero ilegal que recibió provino de fuentes cuestionables y se destinó a financiar la campaña electoral.
En una audiencia judicial realizada el jueves 8 de marzo de 2023, el fiscal del caso, Mario Burgos, informó que Nicolás Petro recibió sumas importantes de dinero por parte de Samuel Santander López Sierra, conocido como el “Hombre Marlboro” y condenado por narcotráfico en Estados Unidos. Además, el hijo del presidente admitió haber recibido dinero de Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del polémico empresario Alfonso “Turco” Hilsaca, y de Óscar Camacho, un influyente empresario de la ciudad de Cúcuta.
Según las declaraciones de la Fiscalía, parte de estos fondos ilícitos fue utilizado por Nicolás Petro y su entonces esposa para su propio beneficio personal y para incrementar su patrimonio de forma injustificada, así como para blanquear el dinero. Pero la revelación más preocupante es que otra parte de estos recursos ilegales fue invertida en la campaña presidencial de 2022, que llevó a Gustavo Petro al poder.
El fiscal Mario Burgos afirmó que Nicolás Petro proporcionó información acerca de la financiación de la pasada campaña presidencial y de los dineros que ingresaron a la misma, que aparentemente superaron los topes permitidos por la ley y una parte de los cuales no fueron reportados ante las autoridades electorales.
Esta confesión del hijo del presidente ha puesto en jaque al gobierno y ha generado una gran polémica en el país. Las acusaciones de financiamiento ilegal y lavado de activos en una campaña presidencial son sumamente graves y ponen en entredicho la legitimidad del mandato de Gustavo Petro.
La Fiscalía continuará con las investigaciones para determinar el alcance total de estas irregularidades y se espera que se tomen medidas legales pertinentes para esclarecer la situación. Mientras tanto, la opinión pública está a la expectativa y exige una pronta y transparente respuesta por parte de las autoridades para restaurar la confianza en el sistema político y electoral del país.
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