La ejecución de Saridewi Djamani, una mujer de 45 años, por tráfico de drogas, ha puesto a Singapur en el centro del escrutinio internacional. Este acontecimiento marca la primera ejecución de una mujer en 20 años en este país, conocido por tener uno de los códigos judiciales más severos del mundo, especialmente en lo que respecta a los delitos relacionados con drogas.
El 28 de julio de 2023, Saridewi Djamani fue llevada a la horca después de ser condenada por traficar 30 gramos de heroína. Aunque su defensa presentó una apelación y recurrió al perdón presidencial en un intento por salvarla de la pena capital, sus esfuerzos resultaron infructuosos ante las inflexibles leyes de Singapur.
El caso de Djamani no es un incidente aislado. Por el contrario, se suma a una serie de ejecuciones de personas acusadas de tráfico de drogas en Singapur. Estas ejecuciones han generado controversia a nivel mundial y han llevado a la ONU a solicitar a las autoridades singapurenses que detengan las ejecuciones, argumentando que violan el derecho más fundamental de todos los derechos humanos: el derecho a la vida.
Singapur se destaca por tener uno de los códigos penales más rigurosos contra el tráfico de drogas. Desde la posesión de 500 gramos de marihuana hasta solo 15 gramos de heroína, la pena de muerte es determinada para cualquier persona detenida por delitos de drogas.
En 2018, Saridewi Djamani fue declarada culpable de traficar 30 gramos de heroína, agregándose así a la lista de ejecuciones por tráfico de drogas en Singapur. Esta situación ha avivado el debate sobre la pena de muerte y los derechos humanos en el país asiático.
Desde 2022, la ONU ha instado al gobierno de Singapur a reconsiderar de manera urgente las ejecuciones y a revisar sus políticas al respecto. Uno de los casos que suscitó la preocupación de la ONU fue el de Tangaraju Suppiah, quien fue condenado a la horca por tráfico de marihuana en abril de 2022. La ONU expresó dudas sobre el debido proceso y la realización de juicios imparciales en estos casos.
A pesar de las advertencias de la ONU, las ejecuciones por tráfico de drogas han continuado en Singapur. Desde marzo de 2022 hasta julio de 2023, se han llevado a cabo 15 ejecuciones por estos delitos.
La ONU ha enfatizado que la pena de muerte por delitos de tráfico de drogas es incompatible con las normas internacionales de derechos humanos. En aquellos países donde la pena de muerte aún está vigente, generalmente se aplica solo a crímenes de máxima gravedad, como el asesinato intencionado, lo cual no es el caso de los delitos de tráfico de drogas en Singapur.
Además, se ha señalado que la pena de muerte no ha demostrado ser efectiva para disuadir o erradicar el tráfico de drogas. Estudios sugieren que la aplicación de la pena de muerte no necesariamente tiene un impacto significativo en la reducción del tráfico de drogas y sus delitos asociados.
El caso de Saridewi Djamani ha abierto un debate global sobre la pena de muerte y su compatibilidad con los derechos humanos. Mientras Singapur enfrenta críticas internacionales, la discusión sobre el futuro de la pena capital y su efectividad en la lucha contra el crimen continúa siendo motivo de controversia en todo el mundo.
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