La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un paso importante hacia la despenalización del aborto en todo México.
En una decisión histórica tomada por la Primera Sala de la SCJN, se estableció que cualquier persona con capacidad de gestar tiene el derecho de solicitar un amparo de inconstitucionalidad contra los artículos que penalicen el aborto en las leyes estatales.
Esta determinación es significativa porque elimina la necesidad de esperar a que los Congresos estatales modifiquen sus leyes sobre el aborto. Ahora, las personas que consideren que sus derechos están siendo violados podrán recurrir directamente a la SCJN para buscar protección legal.
La decisión de la Corte se basó en que las leyes estatales que penalizan el aborto afectan el significado cultural y social de los derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Estas leyes contribuyen a crear una imagen negativa en la sociedad respecto al ejercicio de sus derechos humanos.
Además, la Corte señaló que dichas leyes refuerzan la creencia de que el aborto es “éticamente incorrecto”, lo que aumenta el estigma hacia aquellas personas que buscan servicios de atención médica relacionados con el aborto. También generan temor entre los trabajadores sanitarios que brindan estos servicios.
El tribunal resaltó que las normas que penalizan el aborto pueden limitar el acceso de las mujeres y personas con capacidad de gestar a una protección adecuada de sus derechos humanos, incluyendo la autonomía reproductiva, el derecho a la vida, la no discriminación, la salud y la integridad personal.
Cabe mencionar que en septiembre de 2021, la SCJN ya había declarado inconstitucional la penalización del aborto, marcando un precedente histórico para evitar la encarcelación de mujeres y personal médico que brinden ayuda en casos de aborto con el consentimiento de la mujer.
Sin embargo, este avance se había visto limitado por la necesidad de que los estados legislaran en la misma dirección.
Aún quedan retos por enfrentar, esta decisión representa un avance significativo en la protección de los derechos reproductivos y la autonomía de las mujeres y personas con capacidad de gestar en el país.
