Por Cristina Plazas Michelsen
El proyecto de ley que regula el consumo recreativo de la marihuana para adultos está a un paso de ser aprobado en el congreso en medio de una gran controversia. La discusión en torno a este tema ha generado opiniones encontradas, especialmente en lo que respecta a su peligrosidad y a la legalización. Mientras algunos defienden que es una droga benigna, minimizando la evidencia científica, otros argumentan que su legalización es necesaria para controlar el comercio ilegal.
Preocupa el abordaje que se le ha dado a este tema. No olvidemos, por ejemplo, la peligrosa e irresponsable intervención de la representante a la cámara Susana Boreal, en plena audiencia pública en el congreso, donde gritó enérgicamente “Yo reivindicó el derecho al ocio, al disfrute. Yo Soy consumidora bastante regular, todos los días, me encanta”.
¿Este es el mensaje que se le quiere enviar a la sociedad; especialmente a los jóvenes, con este proyecto?
¿La regulación es una invitación al consumo, o es una medida cuyo propósito es quitarle el abominable negocio ilegal de la droga a los narcotraficantes?
El objeto del proyecto de ley invoca el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Sin embargo, es importante cuestionar si este derecho debe aplicarse a acciones que pueden causar daño contra, uno mismo.
El derecho al libre desarrollo de la personalidad es un principio fundamental que reconoce la autonomía de las personas para tomar decisiones que afectan su propia vida. Sin embargo, este derecho no debe interpretarse como una licencia para realizar cualquier acción, especialmente aquellas que puedan tener efectos perjudiciales para la salud y el bienestar.
El consumo de marihuana puede tener efectos nocivos en la salud física y mental de quienes la consumen. Los estudios científicos han demostrado los riesgos asociados con su uso, incluyendo problemas de salud mental, deterioro cognitivo y riesgos respiratorios. Estos efectos contradicen el propósito de proteger y promover la integridad y el bienestar de las personas.
Para llevar a cabo una legalización responsable, se requiere un enfoque integral que combine la regulación con programas de prevención y educación. Es imperativo que se destine recursos significativos para informar a la sociedad sobre los daños potenciales de la marihuana, especialmente dirigidos a los jóvenes, quienes son más susceptibles a los efectos negativos. Estos programas deben basarse en evidencia científica actualizada y ser diseñados de manera atractiva y accesible para captar la atención de la juventud.
Es esencial abordar los factores subyacentes que pueden llevar al consumo de drogas, como la falta de oportunidades, la exclusión social y la falta de acceso a servicios de salud y educación. Brindar a los jóvenes oportunidades significativas, como acceso a la educación de calidad, a programas extracurriculares, empleo digno y espacios seguros para el desarrollo personal, que puedan desviar su atención de las drogas y fomentar un estilo de vida saludable y productivo.
¿Cuántos recursos se van invertir en su prevención? Esta es la pregunta clave en esta discusión. De lo contrario el remedio será peor que la enfermedad y continuaremos perdiendo la guerra contra las drogas.
