En la reciente presentación del Índice de Estado de Derecho en México, versión 2022-2023, los datos han dejado al descubierto una preocupante realidad sobre el progreso del país hacia un Estado de Derecho sólido y eficiente
Especialmente alarmante es la situación en el Estado de México, donde se evidencia un estancamiento en el ámbito de la justicia, demandando una atención inmediata para abordar los desafíos existentes.
La información en el Estado de México indica estancamiento y retroceso
Este estancamiento ha puesto en tela de juicio el actuar y trabajo de los responsables de la seguridad ciudadana y el bienestar de la población en el Estado de México. Entre ellos se encuentran destacados nombres como Rodrigo Espeleta Aladro, Secretario de Justicia y Derechos Humanos, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Ricardo Sodi, y el Fiscal General del Estado de México, José Luis Cervantes.
Pero no solo los funcionarios son señalados en esta situación preocupante. La población en general se siente vulnerable y desprotegida, evidenciando la falta de seguridad y confianza en su entorno. Estos son aspectos cruciales que requieren atención prioritaria tanto en el Estado de México como en todo el país.
Reprobable la actual administración del Estado de México
Lamentablemente, el retroceso en el Estado de México es realmente significativo y violento durante la administración de Alfredo del Mazo Maza.
Los datos revelan una calificación por debajo de la mitad en el Factor 1, que evalúa si quienes gobiernan están sujetos a la ley y si existen controles y contrapesos efectivos.
Además, en el Factor 2, que mide la ausencia de corrupción en el gobierno, la calificación es apenas de 1/4 de lo esperado, evidenciando influencias inapropiadas y apropiación indebida de fondos públicos.
En cuanto al Factor 3, relacionado con la transparencia y participación ciudadana, los resultados también son decepcionantes, con un índice muy por debajo de la calificación media.
En el Factor 4, que evalúa el respeto a los derechos fundamentales reconocidos internacionalmente, la calificación es reprobatoria, con apenas un poco más del 30% de lo esperado.
En el Factor 5, que evalúa la seguridad de las personas, el Estado de México obtiene una calificación negativa. Los altos índices de homicidios, la victimización y la percepción generalizada de inseguridad contribuyen a esta calificación preocupante.
El panorama empeora en el Factor 6, que mide si las regulaciones del gobierno se implementan de manera justa y efectiva. En este caso, el estado apenas supera el 30% de la calificación esperada. Las áreas laborales, ambientales, comerciales y de salud pública sufren las consecuencias de una implementación deficiente de las regulaciones.
En el Factor 7, que evalúa la capacidad de la población para resolver conflictos y quejas a través de un sistema de justicia civil accesible, asequible y libre de corrupción, discriminación e influencias inapropiadas, el Estado de México vuelve a ser reprobado. Esto demuestra que los problemas y conflictos de la población no se resuelven de manera pacífica y efectiva.
Finalmente, en el Factor 8, que analiza el sistema de justicia penal, el desempeño del estado es insatisfactorio. Con una calificación por debajo del 40%, el sistema judicial del Estado de México deja mucho que desear en cuanto a la efectividad en la procuración e impartición de justicia, así como el respeto a los derechos de las personas detenidas, privadas de la libertad y las víctimas de delitos.
Estas calificaciones negativas revelan una triste realidad: el Estado de México está muy lejos de proporcionar un Estado de Derecho sólido y eficiente para su población. Es imperativo que las autoridades tomen medidas urgentes para abordar estas deficiencias y trabajar en conjunto con la sociedad para garantizar la seguridad, la justicia y el respeto a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
¡El Estado de México necesita un cambio profundo y real en su enfoque hacia el Estado de Derecho! La población merece vivir en un entorno seguro y confiable, donde se respeten sus derechos y se solucionen los problemas de manera efectiva.
Un sexenio perdido en seguridad y bienestar
Esto demuestra que en lugar de mejorar, el Estado de México está retrocediendo en términos de Estado de Derecho. Es imperativo que las autoridades y la sociedad trabajen en conjunto para superar estos desafíos identificados.
Un Estado de Derecho sólido es fundamental para garantizar la seguridad, la justicia y el respeto a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
¡La situación en el Estado de México exige una pronta y efectiva respuesta por parte de las autoridades y un compromiso real con el bienestar de la población!
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