Los Ángeles Press
Organizaciones de DDHH hacen un llamado urgente a que se atiendan a víctimas de violencia y desplazamiento forzado.
La violencia armada en Chiapas se intensifica.
Por Argenis Esquipulas
Tras la creciente violencia armada en el estado de Chiapas, la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias (REDIAS) ha expresado su profunda preocupación por los riesgos que enfrentan niñas, niños y adolescentes que se encuentran en desplazamiento forzado, y exigió al gobierno de México que garantice la integridad y seguridad de las comunidades que han acogido a aquellos que huyen de la violencia armada.
Según el registro de la organización Melel Xojobal, los homicidios de niñas, niños y adolescentes por armas de fuego en Chiapas han aumentado de dos en 2021 a cuatro en 2023. Además, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas reportó que más de 6 mil niños y adolescentes han sido desplazados por la violencia desde 2010 hasta la fecha, y los recientes acontecimientos de violencia en la Frontera Comalapa ha elevado la cifra a más de 7 mil niños.
Por lo que las organizaciones que integran REDIAS hicieron un llamado urgente a las autoridades de los tres niveles de gobierno, así como a las instancias internacionales de derechos humanos, para que detengan la violencia armada en la entidad y se dé atención integral a los menores en situación de desplazamiento forzado y riesgo a ser reclutados por grupos delincuenciales.
De acuerdo con el reporte La infancia: objetivo de grupos delincuenciales, publicado por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), una coalición de 75 organizaciones de la sociedad civil, dio a conocer que las entidades con mayor número de ataques en contra de niñas, niños y adolescentes indígenas fueron Tabasco (270), Chihuahua (229), Guerrero (185), San Luis Potosí (158), Chiapas e Hidalgo (cada uno con 105).
En su reporte, sostiene que uno de los problemas que no reconoce el gobierno mexicano es el reclutamiento de niños por estos grupos delincuenciales: “Hemos estado documentando y denunciando estas violaciones a los derechos humanos, y el Estado mexicano tiene una tarea pendiente, la de reconocer el delito de reclutamiento y la utilización de la niñez en actividades delictivas”.
La Red también enfatizó en la necesidad de que se les proporcione ayuda humanitaria y se les brinde atención psicosocial a las familias que han sido víctimas de la violencia registrada en la Frontera Sur y Chenalhó, que desde el 26 de mayo ha tenido lugar por el enfrentamiento de grupos antagónicos en el municipio de Frontera Comalapa, donde detonaron bombas, dispararon contra la población y reclutaron de manera forzada a hombres jóvenes, destruyendo sus viviendas en las comunidades de Lajerío y Candelaria.
Por estos hechos, los habitantes se vieron obligados a huir de sus hogares, lo que ha dejado un saldo de al menos 3,500 personas desplazadas y la muerte de un adolescente de 15 años por herida de bala.
A principios de junio, algunos residentes comenzaron a regresar gradualmente a sus comunidades, sin embargo, la violencia en los Altos de Chiapas sigue intensificándose y afectando la vida de las personas desplazadas en el municipio de Chenalhó.
El pasado 2 de junio se denunció el ataque de un grupo armado en Polhó, del que resultó en un total de siete muertos y tres personas heridas de bala, entre ellas un niño de 3 años que falleció por los disparos y una niña de 11 años con heridas de arma de fuego en el tórax.
Ante esta violencia extrema, las niñas, niños y adolescentes se enfrentan al riesgo de perder la vida o sufrir daños irreparables en su salud, integridad, vivienda y patrimonio, observó la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias.
El temor y el desplazamiento les impiden regresar a la escuela y la falta de acción por parte de las instituciones para prevenir y atender estas violaciones a sus derechos humanos, los expone al riesgo de ser reclutados por grupos criminales, como ya ha sucedido en algunas familias de la comunidad, explicó la Red.
Chiapas es la entidad federativa con el mayor rezago educativo de niñas, niños y adolescentes, el de más carencia por acceso a la seguridad social y el de menores ingresos en comparación con el promedio nacional.
De los 2.1 millones de niñas, niños y adolescentes que viven en Chiapas, 1.6 millones se encuentran en situación de pobreza. Sólo poco más de 92 mil pueden acceder a educación y ejercer sus derechos sociales adecuadamente.
