Ante estos hechos, Amnistía Internacional (AI) ha señalado que estas imágenes no pueden ser consideradas como un incidente aislado, sino que reflejan los procedimientos de actuación de las Fuerzas Armadas en México.
La organización ha enfatizado que es responsabilidad de las autoridades civiles determinar las responsabilidades de los elementos del Ejército.
AI ha exigido al Estado mexicano que se lleve a cabo una investigación exhaustiva y transparente sobre este acto, en conformidad con el Protocolo Minnesota. Dicho protocolo es un modelo recomendado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y tiene como objetivo investigar de manera legal las ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias.
En su comunicado, Amnistía Internacional ha destacado que estas conductas problemáticas son el resultado de que los militares estén realizando funciones de seguridad pública que corresponden a las autoridades civiles. La organización ha llamado la atención sobre la necesidad de replantear el papel de las Fuerzas Armadas en el país, a fin de garantizar el respeto a los derechos humanos y evitar la impunidad en casos como este.
La participación del Ejército en tareas de seguridad pública tanto convencional como constitucionalmente debe ser subordinada a las corporaciones civiles y en sus tareas de seguridad pública extraordinarias, reguladas y fiscalizadas por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces
