La mañana de este jueves, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) llevó a cabo el aseguramiento del equipo e inmueble de la radiodifusora “La Cascabelera” 94.5 FM, la cual operaba de manera ilegal en el municipio bajo la administración del Séptimo Regidor de MORENA, José Manuel Avendaño Vásquez. Este operativo se realizó con base en la falta de permisos y concesiones necesarios para su funcionamiento, además de que se descubrió que estaba siendo utilizada para promover la campaña de una candidata a gobernadora del mismo partido.
Las autoridades competentes han señalado que la estación de radio no contaba con los permisos requeridos ni las concesiones correspondientes para operar legalmente. Además, se descubrió que estaba siendo utilizada para fines políticos, en particular para respaldar la campaña de una candidata de MORENA. Estas prácticas ilegales representan una clara violación a las leyes y normativas vigentes en materia de radiodifusión en el país.
El operativo de aseguramiento se llevó a cabo durante la mañana, cuando los responsables del IFT llegaron al inmueble ubicado en el centro del municipio. Durante una inspección de rutina, el supuesto propietario no pudo demostrar la legalidad de la propiedad ni la procedencia de los equipos utilizados. Como resultado, el inmueble fue clausurado y el equipo de transmisión fue decomisado.
La acción del IFT se basó en los artículos 11, 12 y 12 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, los cuales establecen las bases para la obtención de concesiones y regulan el funcionamiento de las radiodifusoras en el país. Estas medidas buscan prevenir y evitar la operación de radiodifusoras ilegales, también conocidas como “piratas”, que no cumplen con los requisitos legales y representan una competencia desleal para las emisoras que operan de manera legal.
La clausura de “La Cascabelera” 94.5 FM es un ejemplo claro de la determinación de las autoridades en combatir la radiodifusión ilegal y garantizar el cumplimiento de la ley en el ámbito de las telecomunicaciones. Este tipo de acciones contribuyen a fortalecer el marco legal y fomentar un entorno equitativo para todos los actores de la industria de la radiodifusión.
Asimismo, es importante destacar que el uso de medios de comunicación para fines políticos, como en este caso, puede socavar la imparcialidad y la libre competencia en el proceso electoral. La promoción de una candidata a través de una radiodifusora ilegal no solo representa un acto de ilegalidad, sino que también afecta la integridad del sistema democrático.
