Se está considerando la posibilidad de presentar una impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), incluso en ausencia de quórum para sesionar.
Una de las vías que se contempla es argumentar ante la Corte la violación a los derechos humanos que implica ocultar información que debe ser pública.
El decreto presidencial permite clasificar las obras como de seguridad nacional, lo cual faculta a las dependencias del gobierno federal para ocultar información relacionada con las mismas.
A diferencia de la ocasión anterior, en diciembre de 2021, cuando el INAI presentó una controversia contra un acuerdo presidencial que buscaba proteger la información de obras relevantes del gobierno federal, en esta ocasión no se cuenta con el quórum necesario para aprobar una nueva controversia constitucional.
A pesar de ello, los cuatro comisionados del INAI y el director de Asuntos Jurídicos, Gonzalo Sánchez de Tagle, están analizando las posibilidades legales disponibles para defender la transparencia y el acceso a la información en relación a esta nueva decisión presidencial.
Una opción sería acudir nuevamente ante la Corte para solicitar una aceleración en la resolución respecto a la suspensión solicitada, lo cual permitiría que el INAI pueda sesionar válidamente con cuatro comisionados.
Además, el INAI podría hacer uso de su facultad constitucional como órgano garante de derechos humanos y, ante las graves violaciones a los mismos que implica el decreto presidencial, habilitarse a sí mismo para sesionar con cuatro comisionados en virtud del principio “pro persona” establecido en la Constitución, que prioriza los derechos humanos. Asimismo, podrían presentar un recurso ante la Corte que alerte sobre esta situación.
