En una decisión histórica, la Suprema Corte de Justicia de México (SCJN) ha invalidado en su totalidad el decreto emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, mediante el cual se clasificaba como de interés público y seguridad nacional diversos proyectos gubernamentales, entre ellos el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas.
El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, encargado del caso, argumentó que el acuerdo presidencial era inconstitucional debido a su amplitud y ambigüedad, lo cual obstaculizaba e inhibía el acceso a la información por parte de la ciudadanía en relación a las obras del país. Según el ministro, la falta de transparencia en estos proyectos vulneraba los principios democráticos y la rendición de cuentas.
La medida de la SCJN se produce horas después de que el presidente López Obrador publicara un nuevo decreto en el Diario Oficial de la Federación (https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5689265&fecha=18/05/2023#gsc.tab=0), en el cual reafirmaba la categorización de seguridad nacional e interés público para la construcción, funcionamiento y operación del Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Sin embargo, la resolución de la Corte suprema anula dicho decreto presidencial.
La decisión de la SCJN marca un importante precedente en cuanto a la transparencia y la participación ciudadana en los proyectos gubernamentales. Es una señal de la importancia de salvaguardar los principios democráticos y garantizar el acceso a la información por parte de los ciudadanos, especialmente en proyectos de gran envergadura que pueden tener un impacto significativo en el país.
El presidente López Obrador ha expresado su desacuerdo con la resolución de la Suprema Corte y ha defendido la necesidad de categorizar estos proyectos como de seguridad nacional y de interés público, argumentando que se requiere una protección especial debido a su trascendencia para el desarrollo del país.
La invalidación del decreto presidencial por parte de la SCJN plantea interrogantes sobre el futuro de los proyectos mencionados y su ejecución. Es probable que se deba llevar a cabo un proceso de revisión y reevaluación para determinar cómo se garantizará la transparencia y la participación ciudadana en estos proyectos, al tiempo que se respetan los criterios de seguridad y de interés público.
