En abril de 2022, el presidente de la República envió a la Cámara de Diputados su iniciativa de ley en materia electoral, en la que suponía una reestructuración radical en el INE. Entre estas modificaciones presentadas, se establecía que los Consejeros Electorales sean elegidos mediante el voto, reducir el financiamiento a los partidos políticos, disminución de legisladores e implementación del voto electrónico.
Cómo muchas de las iniciativas presentadas, carece de información detallada sobre la implementación de cada uno de los puntos que se proponen, por ejemplo; en el caso del voto electrónico, no hacen mención de los medios y de la tecnología que se implementaría en caso de que fuera aprobada la ley. En una primera derrota significativa para la 4T, dicha iniciativa de ley no fue aprobada.
Ante lo anterior, el grupo parlamentario de MORENA propuso en su lugar el llamado “Plan B”, esta nueva iniciativa traía consigo recortar los procesos electorales; acortar la propaganda gubernamental, permitir a los políticos expresar su apoyo a los candidatos so pretexto de su “libertad de expresión”, que no se le cancele la candidatura a quien rebase el tope de campaña sino solamente imponer una multa de aproximadamente de medio millón de pesos. Dicha ley fue aprobada en Cámara de Diputados y en la de Senadores, con claras violaciones al proceso legislativo.
La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la primera parte de la reforma electoral en una votación de 9 a 2, el proyecto propuesto por el ministro Pérez Dayán va en dirección hacia la inconstitucionalidad de la reforma electoral ya que hubo claras violaciones en la aprobación de dicha iniciativa. De acuerdo con el ministro, “La iniciativa no se conoció a tiempo ni se publicó con la anticipación debida para su discusión en la Cámara de Origen”.
Ante otra posible derrota, el presidente y sus aliados empezaron una embestida en contra de la ministra presidenta Norma Piña, al punto de querer hacer una ley en materia judicial en donde la población sea quién vote a los Ministros. Desde la Cámara de Diputados y Senadores los líderes del grupo parlamentario de MORENA se han dedicado a asegurar que la Suprema Corte excedió sus obligaciones al votar a favor de la inconstitucionalidad, cuando la función de la Corte es esencialmente hacer valer la Constitución y que el proceso legislativo se lleve a cabo a lo establecido.
Las semanas siguientes serán cruciales para la vida y el futuro democrático del país. Que los que decidan lo hagan pensando en los mexicanos, en los miles años de historia donde simplemente no nos hemos puesto de acuerdo en cómo administrar a nuestro gran país, que se defienda la democracia y por fin haya acuerdos.