Por Liébano Sáenz
Todo órgano jurisdiccional se acredita con sus resoluciones. Esto es lo relevante para la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su decisión de anular la reforma electoral aprobada por el Congreso, conocida como la primera parte del Plan B. Los fallos de la Corte no se miden por su popularidad, ni por la aceptación de la opinión pública, mucho menos por la conformidad de la parte afectada.
En un proceso judicial es normal la inconformidad de la parte no favorecida, sea un particular o una autoridad. Aunque cuando de esta última se trate, debiera imperar siempre la prudencia y la moderación. Esto no ha sucedido, el presidente López Obrador ha tomado muy a mal la decisión de la SCJN seguramente por la irresponsable actitud de emisarios que le habrán hecho creer que no se alcanzarían los ocho votos necesarios para revertir la ley. Era previsible que la reacción del mandatario no sólo se limitara a la descalificación de la Corte, sino que planteara la exigencia de un cambio en la forma de elegir a los ministros, a procesar hipotéticamente por el constituyente permanente después de las elecciones de 2024.
Si bien lo relevante es el cumplimiento de las sentencias, resulta poco republicano y ajeno a la civilidad política que quien encabeza un poder de la Unión, haga de su inconformidad un recurso para denostar y descalificar a las instituciones y a quienes las integran. En ello el presidente no está solo. La postura intransigente y de confrontación del Ejecutivo se ha acompañado con las expresiones de los gobernadores y legisladores afines. La polarización a todas partes llega. Una de las afectaciones es hacia quienes dentro del gobierno habían mantenido una postura moderada.
De antemano se da por hecho que la solidez y madurez de quienes integran la Corte no participarán de la polarización, tampoco de la provocación de la que son objeto. Para fortuna de la sociedad mexicana, todo juez entiende la inconformidad de la parte afectada por una resolución. Su quehacer nada tiene que ver con la disputa política o el proyecto en curso. Los Ministros de la Corte saben que simple y sencillamente es un tema de legalidad y de cumplir con la responsabilidad que les atañe: salvaguardar la supremacía de la Constitución.
