Por Adriana Delgado Ruiz
Siete semanas desde el incendio en que 40 personas fueron quemadas vivas en la estación migratoria de Cd. Juárez, sin justicia. El director del INM, Francisco Garduño, está libre, impune y ocupando el mismo puesto desde el que puede entorpecer las investigaciones, aunque esté sujeto a proceso. Sólo cinco funcionarios menores detenidos y una recomendación de Derechos Humanos dejan claro un doble discurso humanista.
El hecho también es una muestra contundente de que la capacidad mexicana en materia de migración está rebasada por mucho, mientras Estados Unidos nos ha impuesto, de facto, el papel de tercer país seguro.
Ahora llega un nuevo y complejo episodio. El final de la pandemia y del Título 42 que permitía al gobierno estadounidense regresar por la frontera, en automático, a todo indocumentado que intentara cruzarla, llega luego de un momento tenso en que los congresistas republicanos Dan Crenshaw y Michael Waltz habían propuesto enviar tropas a México, con el argumento de combatir la violencia. Más allá de los señalamientos mutuos que eso generó, el punto es retomar la cordura y resolverlo.
A partir de hoy, Estados Unidos está desplegando 1,500 soldados más en la frontera con México para reforzar la vigilancia contra el ingreso de los migrantes indocumentados. Emergen nuevamente los radicalismos. El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció la integración de una Fuerza Fronteriza Táctica con helicópteros Black Hawk y C-130 y soldados entrenados especialmente, además de que ordenó la revisión de cuanto camión cruce la frontera hacia su estado.
En Florida, el gobernador Ron DeSantis, obtuvo la aprobación de leyes que contemplan penas de hasta 15 años de prisión para quienes transporten inmigrantes irregulares, multas severas para quienes los contraten, invalidan cualquier identificación oficial de quien no demuestre su residencia legal, y permite al gobierno expulsar del estado a los indocumentados.
La gran pregunta es: ¿qué harán los países centroamericanos y caribeños de donde llegan las grandes masas de migrantes para retener a sus ciudadanos?
De enero a abril, la autoridad mexicana registra oficialmente el paso de 111,505 indocumentados por el país. No son todos, solo los que han sido contados. Entre los centroamericanos, la mayor cantidad son guatemaltecos y hondureños huyendo de las continuas crisis económicas producto de la corrupción y las malas
políticas públicas. De Nicaragua, huyen de la dictadura autoritaria y asfixiante. En tanto, la migración salvadoreña se ha reducido significativamente por la erradicación de la violencia y la creación de oportunidades.
En cuanto al Caribe, la gran mayoría viene de Cuba, aun considerando que México no es la ruta más directa para ellos. En Sudamérica, el país que más expulsa a sus ciudadanos es Venezuela. El fenómeno se explica solo.
¿Realmente es tan grande el esfuerzo estadounidense por proteger su lado de la línea fronteriza? Dimensionemos: con los 1,500 soldados enviados por el presidente Biden, la línea divisoria con México estará vigila por 11,700 efectivos. Mientras, la Guardia Nacional mexicana tiene más del doble, 28,848, para cuidar tanto la frontera norte como la sur.
Los 1,149 kilómetros de nuestra frontera con Centroamérica son altamente porosos, entre densas zonas selváticas y los ríos Suchiate, Usumacinta y Hondo, por donde pasan en balsas. México no cuenta con los recursos logísticos necesarios para contener esas caravanas cada vez más masivas, ni los albergues y mecanismos suficientes para atender a toda esa migración.
El gran problema es que nuestro país queda entre la espada y la pared. En el norte, un vecino dejándole una responsabilidad esencialmente inmanejable, y en el sur, naciones que no hacen lo mínimo necesario para construir bienestar y progreso dentro de su propio territorio.
