El Juzgado Décimo de Distrito del Estado de México otorgó la razón jurídica al gobierno de Ecatepec y desechó la solicitud de amparo presentada por 349 personas encabezadas por la abogada priista Miriam Silva, quienes no pagan el servicio pero reclaman el suministro de agua potable en sus hogares.
La resolución emitida el pasado 8 de mayo por el juzgado federal a través del expediente 382/2023-VII, establece que “se niega la suspensión provisional” a los quejosos, en virtud de que ninguno de ellos pudo acreditar el pago del servicio correspondiente al año 2023.
En su resolución, el juez de distrito René Ramos Pérez consideró que “los quejosos no acreditaron con su recibo respectivo el pago erogado por concepto de suministro de agua potable del año 2023, (por lo que) se advierte que los quejosos no han cubierto sus cuotas establecidas por el organismo, en ese sentido es necesario contar no solo con el contrato del servicio, sino cubrir la tarifa estipulada”.
El juez estableció que los quejosos deben ser conscientes de tener una cultura de pago del agua, ya que dichos recursos son necesarios para cubrir los costos de operación y mantenimiento de los sistemas hídricos, mismos que incluyen el pago de electricidad, materiales, suministros, equipo, combustibles, salarios, medidores y otros elementos necesarios para suministrar agua a los domicilios.
Dicha solicitud de amparo fue representada por la abogada Miriam Silva, quien en días pasados manifestó públicamente su respaldo a la candidatura a la gubernatura del Estado de México de la priista Alejandra del Moral Vela.
En 2019 también respaldó públicamente al candidato del PRI a la presidencia municipal de Ecatepec Alejandro Albarrán Velázquez, quien fue derrotado ampliamente en las urnas por el actual alcalde Fernando Vilchis Contreras.
Vecinos del municipio coincidieron en que el PRI, a través de la organización que dirige la abogada Miriam Silva, busca lucrar políticamente con el agua y una muestra de ello es la convocatoria para llevar a cabo un bloqueo este jueves en Avenida Central, el cual afectaría a miles de personas que utilizan la vialidad para dirigirse a sus lugares de trabajo, escuelas, negocios y otras actividades.
