Caso 1. Murillo Karam, ex procurador general durante la administración anterior, encarcelado desde agosto 2022 por estar acusado de tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia por el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Caso 2. Francisco Garduño, Comisionado del Instituto Nacional de Migración durante la administración actual, principal funcionario señalado por la tragedia donde 40 migrantes perdieron la vida hace unas semanas. En libertad y manteniendo su comisión.
Para el caso 1, la tragedia sucedida hace casi 10 años ha tomado un nuevo giro y la búsqueda de justicia parece haber sido revitalizada por el gobierno de López Obrador, a Karam se le han imputado nuevos cargos en este mes y ha sido nuevamente vinculado a proceso. Se le ha negado la opción de prisión preventiva domiciliaria cuando su defensa ha intentado justificarla bajo el argumento de problemas de salud por los que incluso ha sido trasladado del reclusorio al hospital en más de una vez.
Para el caso 2, el cual se refiere a una tragedia sucedida hace algunas semanas, a pesar de que la opinión pública ha cuestionado fuertemente la persecución de los responsables, a pesar de que 400 Organizaciones No Gubernamentales defensoras de derechos humanos y migrantes han solicitado al gobierno la destitución de Garduño, él sigue en libertad y encabezando el Instituto Nacional de Migración.
Se trata de dos funcionarios públicos de importante peso político en cargos de alto nivel y dos tragedias de igual magnitud ¿Cuáles son las diferencias? al parecer, solamente los colores, por que la administración que persigue es la misma. ¿Por qué esta férrea, incisiva y rígida búsqueda de justicia no la vemos en ambos casos? En este afán de demostrar que “no somos iguales”, están dispuestos a sacrificar no solamente recursos y presupuesto sino también la austeridad republicana parece implicar la falta de imparcialidad para algunos casos.
No se está sugiriendo una persecución laxa para Murillo Karam, por el contrario, debe ser tomada como referencia, este asedio vigoroso y sin tregua tiene que ser el común denominador para cualquier incidente de esta naturaleza, si es que realmente se quiere hacer un intento por bajar los altos índices de impunidad de todo el sexenio.
El gobierno, en la recta final de su mandato, está en una encrucijada y ante un momento que será un parteaguas, replicar el seguimiento del caso del ex procurador para el caso de Garduño debe mandar un mensaje para todos los ciudadanos y funcionarios públicos de que hay un compromiso real para acabar con la corrupción.
